PP y BNG aprueban la nueva Ley de Cajas gallega

Los votos del PPdeG y el BNG sacaron hoy adelante la nueva Ley de Cajas de Galicia, que quedó definitivamente aprobada por el Parlamento, aunque con los votos en contra del PSdeG, que insistió en que el nuevo texto es "intervencionista" y en que el plazo para la renovación de los órganos de gobierno de las entidades fijado por acuerdo de nacionalistas y 'populares' -dos meses- es "excesivamente apretado".

Durante el debate del informe de la ponencia aprobado en la Comisión de Economía, los socialistas confirmaron su desacuerdo con diversos puntos incluidos en la reforma, en concreto los referidos a la forma de elección de algunos de los representantes en la asamblea general de las cajas, la necesidad de que la obra social superior al medio millón de euros en tres años sea autorizada por la Consellería de Facenda y que el límite para renovar los órganos de dirección sea de dos meses.

"Para nosotros es importante en esta materia el consenso, que sirve para evitar las tentaciones partidistas, pero hoy no lo hay", resumió el portavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, para argumentar su voto en contra. Así, lamentó que no se introdujese ninguna de las 45 enmiendas que los socialistas mantenían para el debate de hoy, entre ellas una referida a hacer públicas las retribuciones de los altos cargos.

Durante la votación se ausentó la diputada del PSdeG Mar Barcón, pues ocupa un puesto en el consejo de administración de Caixa Galicia. Por su parte, el 'popular' Rosendo Fernández sí votó el nuevo texto, pues renunció a su cargo en la asamblea de Caixanova.

Los tres grupos llegaron hoy a un único acuerdo a mayores de los alcanzados en los trámites previos, para incluir una propuesta del PSdeG por la que se establece que las fusiones deben ser autorizadas por el Consello de la Xunta, "oído el Parlamento".

El representante del BNG, Fernando Blanco, advirtió que esta ley "no es un cheque en blanco para nadie" y que la participación de la comunidad autónoma -un 20 por ciento- en los órganos de gobierno "no se entrega a ningún partido, sino al Parlamento gallego".

Por su parte, en representación del PPdeG, Pedro Puy consideró que "la principal pregunta" ahora es "cuáles son las verdaderas razones del PSdeG" para posicionarse en contra del nuevo texto de la Ley de Cajas y acusó al secretario xeral de los socialistas, Manuel Vázquez, de estar "alentando el peor ataque a la consolidación de las cajas gallegas" y de tratar de contentar a los alcaldes de Vigo y A Coruña y "en el medio decir que es una lucha de poder entre Caballero y Losada".

Leiceaga consideró que "baja más de lo que parece sensato" la cuota que ocupan las entidades fundadoras -que tendrán un 10 por ciento-, con lo que disminuye el "engarce territorial" de las cajas. Además, respecto a los cuatro representantes de entidades benéfico-sociales en la asamblea general, insistió en que se permite la "discreccionalidad" de Facenda, que determinará cuáles son estas organizaciones, y "se introduce un elemento de sospecha partidista".

En este sentido, el diputado del BNG manifestó tener también "dudas" sobre las decisiones de la Xunta, por lo que propuso que antes de ser aprobadas las entidades benéfico-sociales, la elección se presente y debata en la Cámara. Reiteró también su defensa de la intervención de la comunidad. "Tiene que haber una presencia; es lo razonable", afirmó.

"Contra las grandes ciudades"

Por su parte, Leiceaga se reafirmó en sus críticas a que los impositores se elijan por un sorteo directo y a la "limitación inaceptable" de que cualquier sector, salvo el Parlamento, tenga más de un representante en los consejos de administración. "Tenemos la sospecha de que esto se dirige contra alguna de las grandes ciudades", dijo, a lo que Puy replicó que lo que se persigue es que un único ayuntamiento "no acapare" puestos.

La ley, acusó el portavoz socialista, "puede verse como un instrumento para modificar a corto plazo la formación de voluntades" en la dirección de las cajas, en alusión a que algunos directivos que se oponen a la fusión se verán obligados a abandonar su puesto con la entrada en vigor del nuevo texto.

El portavoz del PPdeG contestó preguntándose si es "razonable" que las decisiones las tomen direcciones que "no son representativas de los intereses de Galicia", algo en lo que todos los partidos, dijo, están de acuerdo, dado que se cambia la composición de asamblea y consejo. "Nosotros tenemos clara la respuesta: no", zanjó.

Además, lamentó que no se haya alcanzado el consenso, algo que atribuyó a que hay "quien quiere poner palos en las ruedas" -en referencia al PSdeG-, y proclamó que la ley "no va contra nadie: ni contra las grandes ciudades ni contra ninguna persona".

En este sentido, Blanco señaló que, con la anterior ley "los directivos hacían lo que les daba la gana". "Por eso se tienen que ir", sentenció y aseguró que la decisión es entre que "mande el conjunto de los gallegos", a través de la representación del Parlamento, o "una directiva que defiende sus intereses".

Otra "fuente de conflicto" será, según el diputado del PSdeG, que la renovación de las cúpulas se haga en dos meses, siguiendo la ley, mientras que para los estatutos se establece un máximo de medio año, lo que llevará a una modificación de los órganos de gobierno previa a la adaptación de las normas internas de las cajas.

Cambios de la nueva ley

La nueva ley introduce, por primera vez, representantes de la comunidad en los órganos de dirección de las cajas, que ocuparán el 20 por ciento de los puestos. El mismo porcentaje corresponderá a las corporaciones locales, mientras que los impositores -representantes de los clientes- serán el 30 por ciento.

El 30% restante se distribuye, a partes iguales, entre empleados, entidades representativas y entidades fundadoras -en el caso de Caixa Galicia, que no tiene estas entidades, se divide entre Parlamento y ayuntamientos-. Además, establece en 70 años el máximo para ser director general y da un plazo de dos meses para renovar los órganos de gobierno, de los que se excluirán cargos políticos.

Un pacto entre PP y BNG hará que, para mantener cierta continuidad, el 10 por ciento que ocupan ahora los representantes de los empleados se mantenga un año más, desde la constitución de la nueva asamblea, mientras que la mitad de los representantes de los impositores -24- tampoco se cambiarán en un primer momento.