El Gobierno promoverá un pacto para facilitar el paro a los fijos discontinuos
El Gobierno respiró ayer en el Congreso al conseguir el apoyo suficiente para suprimir la enmienda que posibilitaba el cobro del desempleo a aquellos trabajadores fijos discontinuos que hubieran cotizado a la Seguridad Social por un periodo de sólo cuatro meses. En febrero, el PSOE promoverá una iniciativa con otros grupos para llevar este problema a la mesa del diálogo social.
La geometría variable y las promesas de futuro a los grupos minoritarios volvieron a funcionar ayer en el Congreso. El Grupo Socialista consiguió echar para atrás la enmienda incorporada por el Senado a la ley de Fomento del Empleo que hubiera permitido que alrededor de 400.000 trabajadores con contrato fijo discontinuo accedieran a las prestaciones por desempleo con sólo cuatro meses de cotización a la Seguridad Social.
A cambio de su apoyo, los grupos nacionalistas y los integrados en el Grupo Mixto obtuvieron la promesa de participar con el PSOE antes de febrero en la elaboración de una iniciativa legislativa conjunta en la que se instará al Gobierno a facilitar el acceso a estas prestaciones de los trabajadores que más se han visto afectados por la crisis, rebajando los actuales requisitos temporales de cotización. En opinión del portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Jesús Membrado, principal protagonista de la negociación de última hora con CiU, hubiera sido un despropósito colar una medida así en esta ley, ya que las circunstancias de los trabajadores con contratos fijos discontinuos (muchos en provincias costeras con elevados servicios) son muy variables, dependiendo de cada comunidad autónoma.
En Baleares, por ejemplo, están concentrados en el sector de la hostelería y es cierto que este año muchos de ellos, se calcula que alrededor de 30.000, tendrán dificultades para cobrar el paro debido a que no reúnen los seis meses reglamentarios de cotización a la Seguridad Social necesarios para recibir esta prestación. En Andalucía, este colectivo se concentra en el sector agroalimentario.
A partir de esta casuística, el PSOE va a negociar con los grupos parlamentarios una proposición no de ley que tenga en cuenta estas circunstancias y trate de abordar el problema sin crear agravios comparativos. Una iniciativa desestimada que se barajó hasta última hora fue la de limitar los beneficiarios al sector de la hostelería, algo que el Gobierno balear hubiera visto bien, pero que habría creado un sentimiento de discriminación en el resto de los territorios.
Pese a la oposición inicial del PSOE, sí que prosperó ayer en el Congreso la enmienda por la que se equipara el trato fiscal aplicable a las indemnizaciones por despido improcedente a las que derivan de expedientes de regulación de empleo. En ambos casos, los 45 días por año trabajado no tributarán a efectos indemnizatorios en el IRPF. Hasta ahora, disfrutaban de este beneficio fiscal solamente los primeros 20 días por año trabajado. Este tratamiento operará sólo para los ERE firmados desde el pasado 7 de marzo, fecha de entrada en vigor del real decreto que más tarde se ha transformado en proyecto de ley. El límite temporal será hasta el 31 de diciembre del año que viene.
El proyecto de ley aprobado ayer para fomentar el empleo compromete también al Gobierno a regular en cuatro meses la intermediación de las empresas de trabajo temporal en el mercado laboral y a informar al Congreso de la efectividad del abanico de bonificaciones a la contratación existente.
Aprobados los Presupuestos del Estado más difíciles
El intento del Gobierno de transmitir un mensaje de fortaleza política se vio ayer parcialmente neutralizado por las críticas generalizadas que volvieron a recibir los Presupuestos de 2010 en su aprobación definitiva por el Congreso. Con todo, el PSOE consiguió reparar los agujeros que sus propios errores le causaron al proyecto de ley en el Senado. Estos agujeros llegaron a cuantificarse en casi 255 millones, encauzados a destinos tan variopintos como la Cruz Roja, las políticas activas de empleo o el fondo para la inmigración.Las cosas volvieron a su cauce ayer gracias al respaldo prestado al Gobierno por el PNV, Coalición Canaria y el BNG, formaciones que se han repartido la mayoría de las contrapartidas presupuestarias durante la tramitación del proyecto de ley en el Parlamento.El PSOE luchó por dar hasta última hora una sensación de amplio respaldo a las cuentas públicas de 2010 aprovechando también las contrapartidas obtenidas por CiU, ERC e Iniciativa en el Senado, cuyo coste se acerca a los 50 millones y engrosa, en su mayoría, el capítulo de infraestructuras. Sin embargo, todos estos grupos marcaron ayer claras distancias con los Presupuestos, en coherencia con las enmiendas de totalidad que defendieron en el Congreso hace mes y medio. Su crítica tuvo un denominador común: estos no serán los Presupuestos que facilitarán la salida de la crisis ni tampoco la creación de empleo. El Congreso vivió también ayer una pugna por las medallas. ERC e IC, por ejemplo, se disputaron el patrocinio del entierro de la llamada Ley Beckham, gracias al cual los profesionales extranjeros que vengan a trabajar a España e ingresen más de 600.000 euros anuales tributarán al 43% en lugar del 24% actual, una medida que no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.