Descarte de ministros tras la presidencia europea
Lejos queda en el tiempo aquella práctica del PP que implicaba zarandear al Gobierno en los asuntos más políticos para dejar a salvo los más económicos. Gracias a ella, la fuerza del tándem formado por Eduardo Zaplana y Ángel Acebes hizo compatible durante la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente del PP acuerdos importantes con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en proyectos tan variopintos como la nueva regulación de las Opas, la reforma Mercantil, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Dependencia, la Ley Hipotecaria o la Ley de la Administración Electrónica. Todas ellas vieron la luz con un alto grado de consenso en el Parlamento antes de que en 2008, después de su segunda derrota electoral, a Rajoy le convencieran de que a la tercera iba la vencida sin necesidad de revolverse en el escaño, pues sólo tocaba esperar a que el paro causara la erosión prevista en el ánimo decaído de los ciudadanos.
La crisis y el análisis interno que la dirección del PP y sus asesores hicieron de ella les condujo a la conclusión de que convenía hacer girar la nueva legislatura sobre un único eje, aunque en los últimos meses ha habido voces discordantes, de alto nivel, que han trabajado a favor, sin demasiado éxito, de abrir el abanico de la oposición a otros asuntos diferentes a la economía. Esta decisión de convertir la crisis en el principal foco de erosión del Gobierno y de su presidente llegó fundamentada en una circunstancia ventajosa para el PP: la negación de la propia existencia de la crisis por parte de Zapatero, actitud que se ha convertido en el principal lastre del presidente para recuperar su credibilidad.
La vicepresidenta Elena Salgado heredó de Pedro Solbes esta situación, que ha redundado en una oposición frontal del PP no sólo a los Presupuestos estatales del año que viene, lo que no rompe ninguna tradición, sino a leyes tan importantes como la que regula la nueva financiación autonómica o la transposición de la Directiva de Servicios que tanto ha airado a los taxistas de toda España. A Salgado, ni agua. Esta es la consigna que marca y marcará la impronta del PP hasta el final de la legislatura, después de hacer de tripas corazón por haber tenido que avalar hace unos meses un plan de rescate para la banca que todavía sigue despertando numerosas dudas en sus filas.
La fracasada Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 14 de diciembre evidencia que de aquí al final de la legislatura ya no será posible ningún acuerdo de calado entre los dos grandes partidos, con excepción, quizás, de una reforma laboral de mínimos que el Gobierno se propone canalizar con el consenso de empresarios y sindicatos durante el primer trimestre del año que viene. En realidad, si no existiera esta consigna en el PP, habría terreno más que suficiente para abordar un pacto de esta naturaleza entre los dos grandes partidos si nos atenemos a lo que cada uno de ellos ha precisado por escrito en la citada Conferencia celebrada en el Senado. El denominador común de las dos propuestas descansa en una reforma legal que tenga como objetivo prioritario la creación de empleo y, en especial, el fomento de la contratación indefinida, bonificando las cotizaciones de los nuevos contratos e introduciendo las medidas necesarias para eliminar la dualidad del mercado de trabajo.
Si el Gobierno y el PP están de acuerdo en esta base de partida ¿por qué no firmaron el documento conjunto? El pretexto esgrimido por las ocho comunidades gobernadas por los populares, cuyo discurso fue concertado la víspera en la sede nacional de su partido, fue el retraso con el que el Gobierno les entregó su propuesta y la negativa de éste a incorporar una apuesta por la rebaja de impuestos. Esta segunda condición ha venido a demostrar que el principal partido de la oposición acudió al encuentro con una nula voluntad de alcanzar acuerdos en materia económica, una actitud que sorprende que llegara a extrañar a Zapatero y al generoso séquito que le asesoró durante la Conferencia.
El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, se propone la noble tarea de extraer de los restos de este cónclave algunos frutos, con la ayuda de aquellas comunidades autónomas con voluntad real de disciplinar sus cuentas públicas. Los datos conocidos el viernes indican que Cataluña, la comunidad valenciana y Madrid acumulan casi el 60% del endeudamiento regional, por lo que el objetivo de Chaves se prevé complicado de alcanzar. Ni siquiera un segundo llamamiento de Zapatero a Mariano Rajoy para que acepte negociar la contención del déficit autonómico ha obtenido respuesta del líder de la oposición.
Así las cosas, ya hay voces dentro del PSOE que opinan a las claras que esta legislatura dará ya muy poco de sí, y eso que no ha alcanzado todavía ni el paso del Ecuador. Como Zapatero ya ha brindado abundantes muestras de que no piensa adelantar las elecciones, algo impensable si el PP sigue ganando terreno en las encuestas, a muchos dirigentes del partido, regionales y no regionales, les queda la esperanza de que después de la presidencia europea, aprovechando un posible descarte de ministros destinados a candidaturas municipales o autonómicas, el presidente aborde una amplia remodelación del Gobierno que inyecte el oxígeno suficiente para acabar la legislatura sin tanta desorientación y sensación de vacío.