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Ingresos municipales

El IBI y las tasas, nuevos salvavidas municipales

El crac inmobiliario obliga a buscar otras vías de recaudación.

El boom inmobiliario ha dejado una resaca de difícil digestión a los ayuntamientos. En los últimos años, más del 60% de los ingresos municipales han estado íntimamente vinculados al mismo a través de la plusvalía municipal, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) o el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

La recaudación de los dos primeros se ha desplomado por el derrumbe de la venta de casas y ahora los salvavidas que le quedan a los municipios para sobrevivir son el IBI, que representa una tercera parte de los ingresos tributarios, y las tasas municipales. Así lo consideran los expertos que han participado en el informe "Panorama de Fiscalidad Local", elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en el que se compara la menor capacidad recaudatoria con el imparable aumento de la deuda. Cada ayuntamiento recauda por impuestos una media de 525 euros por habitante mientras que tiene reconocida una deuda de 566 euros.

Para María José Portillo, profesora del Departamento de Hacienda y Economía del Sector Público y autora del estudio, la única vía impositiva que le queda a los municipios es el IBI. "Los ayuntamientos tienen potestades para aumentar o disminuir los tipos impositivos", señala Portillo. El informe señala que el gravamen sobre inmuebles urbanos debe estar fijado en una horquilla entre 0,4% y 1,10%, que se puede ver incrementado por excepciones como la capitalidad de provincia o la prestación de un servicio de transporte público.

Y parece que por ahí es dónde existe más margen para incrementar la recaudación. Por provincias, el tipo más elevado para fincas urbanas lo tiene Huelva, con un 1,06%, y el más bajo es el de Burgos, con un 0,46%.

Las tasas municipales, que se establecen por el uso de un dominio público o por la prestación de un servicio público, son el otro gran instrumento que pueden explotar los municipios, según los expertos. Una vía que ya es aprovechada en su gran mayoría por los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, que obtienen casi el 22% de la recaudación nacional por tasas.

Un ejemplo que ilustra esas dos tendencias es Madrid, en el que el tipo del IBI, pese a la congelación para 2010, ha subido año tras año y se ha situado en el 0,581%, lo que le deja aún margen para volver a incrementarlo. El consistorio madrileño también ha creado este año una nueva tasa de recogida de basuras, antes incluida en el IBI, con la que pretende recaudar 190 millones de euros al año.

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Los expertos piden que se fiscalicen las cuentas

Los asesores fiscales plantearon ayer un decálogo de medidas que deberían incluirse en la futura reforma de la financiación local, cuya negociación está prevista que se inicie en el primer trimestre de 2010.Entre ellas, Jesús Sanmartín, presidente del REAF, destacó la necesidad de que los ayuntamientos tengan una mayor participación en los ingresos de las comunidades autónomas al asumir competencias que le son impropias. "No se ha abordado la financiación local en su totalidad y eso ha provocado un agujero en los ayuntamientos que tendrán que financiar con déficit a corto plazo y con subidas de impuestos en el futuro", señaló Emilio Álvarez, del Colegio de Economistas de Cataluña.Otra de las propuestas que plantean los asesores fiscales es la obligatoriedad de realizar una auditoría externa en todos los municipios para fiscalizar las cuentas y la creación de un modelo que tenga en cuenta la especificidad de algunos municipios. Entre ellos, los ayuntamientos turísticos que multiplican su población por dos o tres en temporada alta y que no reciben ninguna compensación por la prestación de servicios. La mayoría de ellos han solicitado la posibilidad de participar en los ingresos autonómicos por venta de alcohol y tabaco.Los expertos también reclaman la modificación de otros tributos, como el impuesto de circulación o el impuesto de actividades económicas. En el primer caso solicitan cambios en el impuesto de tal modo que grave las emisiones de CO2 y no la potencia fiscal, como ocurre en la actualidad, y reformas profundas en el IAE. "Ha pasado de ser el segundo tipo más importante en recaudación a ser el último, ya que se han eximido a autónomos y a la empresas que facturan menos de un millón de euros", señaló Sanmartín.

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