El PSOE limitará a cuatro años la vigencia de los derechos del fútbol
El grupo del PSOE en el Congreso presentó ayer una treintena de enmiendas parciales al proyecto de ley Audiovisual que, si no hay cambios de última hora, se incorporarán sin problemas al texto. La más significativa tiene que ver con la compra de derechos de competiciones de fútbol por parte de las televisiones. Los socialistas quieren limitar la vigencia de los contratos de adquisición a cuatro años, una medida que también defiende CiU. Los contratos que ya son firmes seguirán siendo válidos hasta su finalización, "siempre que ésta tenga lugar en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley". Si no fuera así, una vez cumplidos los cuatros años, "los contratos expirarán forzosamente".
Otra de las propuestas del PSOE prevé que el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales esté obligado a consultar a los organizadores de competiciones deportivas antes de aprobar el catálogo de acontecimiento de interés general.
En lo referente a la concesión de licencias audiovisuales, los socialistas suprimen la posibilidad de revocarlas por razones de interés público. Además, aclaran que la renovación automática de licencias (prevista cada 15 años) dependerá de que el espectro no esté agotado ni de que haya terceros que quieran una licencia y la hayan pedido, al menos, con un año de antelación. En ese caso, se convocará un nuevo concurso de adjudicación.
El PSOE también quiere que se cree una Agencia Estatal de Radiocomunicaciones antes del 1 de junio de 2010.
Por su parte, el PP propone que sólo la autoridad judicial interrumpa o suprima contenidos audiovisuales; CiU quiere que series y TV movies computen para las televisiones públicas a la hora de financiar producción europea, y PNV, IU y UPyD piden que la publicidad en televisión se limite a 12 minutos.
Una Ley Audiovisual para 20 años
Seis meses ha tardado el Gobierno en someter al Congreso el proyecto de Ley Audiovisual, que ayer superó el trámite de totalidad con la derrota de las enmiendas defendidas por el PP, ERC e IU. No obstante, la norma mereció objeciones de toda la oposición y la vicepresidenta primera se mostró abierta a introducir cambios en el trámite parlamentario. María Teresa Fernández de la Vega señaló que el proyecto de ley nace con vocación de servir para dos décadas y que el Gobierno ha conseguido "un consenso básico del sector", informa Federico Castaño.