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Argumenta que habría conflicto de intereses

Sos se ampara en la sentencia de FCC contra Acciona en su pugna con Salazar

El ex presidente de Sos acude hoy a los tribunales para reclamar la devolución del puesto en el consejo que perdió en la última junta de accionistas. Pero Sos alegará en su defensa la sentencia de 2005 por la que Acciona no obtuvo representación en el accionariado de FCC, ya que un juez entendió que existía contraposición de intereses.

No será ni la primera ni la última vez que Sos y su ex presidente, Jesús Salazar, se vean las caras en los tribunales. Pero la cita de hoy podría devolver al ex directivo (o a un representante suyo) el puesto que tenía hasta junio en el consejo de administración.

Jesús Salazar -al igual que su hermano y ex vicepresidente de Sos, Jaime- acudieron hace meses a los tribunales mercantiles de Madrid para impugnar la última junta de accionistas. En ella, la compañía acordó apartarlos del máximo órgano de dirección, después del escándalo por el que, presuntamente, se apropiaron de más de 230 millones a través de sus sociedades patrimoniales.

Los hermanos Salazar alegaron que en la junta se les privó de su derecho de agrupación de acciones. Pero Sos justificaba, tanto entonces como ahora, que no tenía sentido la presencia en el consejo de administración de un ex máximo directivo al que se ha acusado ante la Audiencia Nacional de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Y Sos ya ha apuntalado su estrategia de defensa. Según fuentes jurídicas, el grupo de alimentación alegará, previsiblemente, en su argumentación una sentencia que ya fue polémica en su día. En concreto, la que enfrentó hace cuatro años a los grupos constructores Acciona y FCC. La compañía presidida por José Manuel Entrecanales reclamó tres puestos en el consejo de administración de su competidora FCC. Su argumento: su participación del 15,05% del capital en la empresa controlada por Esther Koplowitz le otorgaba el derecho a reclamarlos. Pero ésta no quería a Acciona en su máximo órgano de dirección, ya que no la consideraba un accionista de referencia al uso, sino uno de sus principales competidores directos dentro del sector.

Entonces, un Tribunal de Primera Instancia de Barcelona argumentó que FCC tenía el "legítimo derecho" a oponerse a que representantes de Acciona pudieran tomar parte en las decisiones ejecutivas del grupo al estar ante un caso de espionaje industrial.

Un argumento que, en el caso de Sos, se traduciría en que los Salazar (o los virtuales representantes de éstos) estarían presentes en las reuniones del consejo de administración donde podrían llegar a emprenderse nuevas acciones legales contra quienes fueron sus directivos. Es decir, no sería un caso de conflicto de intereses entre competidores, sino de disparidad de intereses desde el punto de vista legal. Además, en el caso de FCC y Acciona, el tribunal barcelonés entendió que era "lógico y más que presumible" que los consejeros de la empresa presidida por Entrecanales fueran "como mínimo simpatizantes o afines a Acciona porque, de lo contrario, ésta no los propondría". Un ejemplo de "contraposición de intereses", que podría replicarse en el caso de Sos.

Embrollo judicial o juego al despiste

Jesús Salazar acude hoy al tribunal mercantil de Madrid como máximo representante de su sociedad patrimonial, Unión de Capitales. Según consta en los registros de la CNMV, a través de esta firma posee el 9,86% de Sos, a pesar de que la banca ha ido ejecutando en los últimos meses parte de sus acciones ante su imposibilidad de hacer frente a los pagos que adeudaba a sus acreedores. Salazar reclamará así el puesto que, entiende, le corresponde a esta patrimonial.Una disputa que se desarrolla al margen del conflicto de Sos contra los hermanos Jesús y Jaime Salazar por su presunta estafa y apropiación indebida de más de 230 millones de euros. Precisamente, esta marcha paralela ha llevado a fuentes cercanas a Sos a pensar que la reclamación de Salazar al juzgado mercantil es una cortina de humo con la que pretende desviar la atención de la vía penal. Con este movimiento, el ex presidente de Sos trataría de llevar la disputa a un conflicto mercantil entre socios de la misma empresa.

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