El Gobierno abre la puerta a alargar la vida de las nucleares más de 40 años
El Gobierno intentó vestir este viernes de largo su estrategia de política económica tras el estudio del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en el que se contempla la posibilidad de prolongar la vida útil de las centrales nucleares más allá de 40 años, en casos excepcionales.
Según la vicepresidenta Elena Salgado, el anteproyecto de ley mantiene en 40 años la duración de la vida útil de las centrales nucleares, pero ahora quedará establecido por Derecho y se incorporarán unos "requisitos estrictos y reglados" para prolongar este plazo en "casos excepcionales". Fuentes de Economía precisaron que estos requisitos estarán relacionados con el impacto medioambiental y con la seguridad, aspectos sobre los que ya emite los correspondientes informes no vinculantes el Consejo de Seguridad Nuclear.
En el caso de la central de Garoña, las recomendaciones del Consejo no fueron tenidas en cuenta por lo que fuentes gubernamentales explican que decisiones como ésta obedecerán exclusivamente "a criterios políticos". En la intención del Gobierno está, pues, convertir una situación de hecho en una de Derecho en lo que respecta a la regulación de la vida útil de este tipo de instalaciones, pero manteniendo una cierta arbitrariedad. El marco legislativo vendrá acompañado de una nueva ley para actualizar la responsabilidad civil en el ámbito de la energía nuclear.
El anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros incorpora un amplio abanico de medidas, muchas de ellas sin concreción normativa, buena parte de las cuales se proyectan más allá de 2013 y, por lo tanto, escapan al mandato del actual Gobierno. Además, el anteproyecto tendrá que pasar todavía por numerosos filtros: el CES, el Consejo de Estado, la Conferencia de Presidentes y la tramitación parlamentaria, que no estará concluida, como mínimo, hasta mediados de 2010. Elena Salgado trató el texto con sindicatos y CEOE pero matizó que la reunión era sólo informativa y no tenía carácter negociador.
La llamada Economía Sostenible aparece ordenada en tres grandes capítulos: la mejora del entorno económico, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental. En el primero, se encuadra el compromiso del Ejecutivo de modificar la Ley de Contratos poniendo un límite del 20% para los modificados de obra pública. Si se superara este precio, tendrá que convocarse nuevo concurso público para las obras suplementarias, eso sí, por el procedimiento de urgencia. Además, para beneficiar la actividad de las pymes, el porcentaje de contratación con ellas en cada licitación podrá llegar hasta el 50% frente al 30% actual.
La futura ley regulará también la colaboración entre el sector público y el privado bajo las denominadas Sociedades de economía mixta, mediante las que se encauzará la elección de un socio privado con el mismo procedimiento previsto para la adjudicación de los contratos, respetando los principios de igualdad y concurrencia. El Gobierno abrirá también la posibilidad de obtener avales estatales para financiar actuaciones con capital público-privado.
La financiación de todas las iniciativas incluidas en la futura ley se instrumentará mediante un fondo de capital de 20.000 millones de euros que gestionará el ICO y las entidades privadas, en el horizonte de una década.
Cotizadas
Además del nuevo papel que tendrá el Banco de España en el control de la política de sueldos de los altos ejecutivos de la banca, el Gobierno obligará a las sociedades cotizadas a facilitar datos a sus accionistas sobre remuneraciones de sus directivos.
Los informes sobre los sueldos deberán ser votados en las juntas de accionistas, así como las retribuciones individuales de los consejeros. El cambio se articulará mediante una reforma de la ley del Mercado de Valores.
Sólo un mes para que los ayuntamientos paguen facturas
En el segundo capítulo, el de la competitividad, el anteproyecto prevé la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para obligar a las administraciones a pagar, a partir de 2013, dentro de los 30 días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras. Fuentes gubernamentales admiten que será un instrumento, cuya eficacia está por ver, para presionar sobre los ayuntamientos más morosos, obligados a abrir un registro de facturas impagadas del que tendrán que informar periódicamente a la Administración central.También se regula un máximo de 60 días para el pago a pymes y autónomos por cualquier contratante.El fomento de la competitividad será buscado, asimismo, a través de la reforma de la Ley del Catastro. Cuando se aborde, los notarios y registradores de la propiedad dispondrán de los 20 primeros días de cada mes para remitir la lista de documentos que hayan autorizado, por vía telemática.
Industria ya no tendrá la última palabra frente a la CNE
Si la ley prospera con su texto actual, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se apuntará un tanto que lleva persiguiendo desde hace años. Consiste en la eliminación del recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, un mecanismo que utilizan las compañías eléctricas para cambiar decisiones del organismo regulador. Industria, pues, dejará de tener la última palabra.La reforma de los reguladores no se queda aquí. Después de una fase transitoria que el Gobierno todavía no alcanza a definir, su composición estará limitada a un máximo de cinco consejeros, con un mandato no prorrogable de seis años. En la actualidad, la CNE tiene nueve, a cuatro de los cuales, pertenecientes al PP, les ha vencido el mandato. Fuentes de Economía explicaron el viernes que la Comisión Nacional de Competencia velará por la coordinación de todos los organismos reguladores.
Otras novedades de la Ley
Burocracia
Las empresas cuyo capital oscile entre 3.000 y 3.100 euros podrán constituirse en un día con un coste de 100 euros. Las que tengan un capital comprendido entre 3.100 y 30.000 euros podrán formarse en cinco días tras desembolsar un máximo de 250. Para todas ellas se suprimirá el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Todos los trámites los podrán realizar por internet.
Banca
Las políticas de remuneración de bancos y cajas estarán más controladas desde el Banco de España mediante la reforma de la ley de coeficientes de inversión y recursos propios. El gobernador podrá exigir a la banca una gestión coherente sobre la política salarial de los altos cargos. No obstante, Salgado descartó que vayan a imponerse límites a estas remuneraciones, "entre otras razones porque el sistema financiero español no ha atravesado los mismos problemas que el de algunos países de nuestro entorno".
Licencias
Además de facilitarse el acceso público al Catastro, vía internet, y de reducirse algunas cargas administrativas, suprimiendo la obligatoriedad de la publicidad de los acuerdos societarios en los periódicos, el Gobierno se compromete a eliminar las licencias municipales para las actividades inocuas para la salud o el medio ambiente, una circunstancia que, según Economía, se da en la gran mayoría de las actividades comerciales.
Propiedad
Se reducirá en un 18% en tres años la cuantía de las tasas de las distintas modalidades de propiedad industrial.