Europa aprueba la normativa que blinda la independencia de los reguladores
Por una abrumadora mayoría de 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó ayer la nueva legislación comunitaria para el sector de las telecomunicaciones, que los países de la UE deberán adoptar antes de junio de 2011.
Entre las novedades del bloque legislativo (cinco directivas) figuran nuevos poderes para los reguladores nacionales del sector y un mayor control para mantener esos organismos al margen de interferencias políticas. La directiva marco prevé que sólo se pueda cesar al presidente del organismo regulador o a sus miembros cuando "dejen de cumplir" sus obligaciones, establecidas de antemano. La persona cesada deberá recibir por escrito los motivos en que se base la decisión y podrá exigir que esa explicaciones haga pública.
Bruselas, en cambio, no ha logrado el derecho de veto que deseaba sobre las decisiones de los reguladores nacionales y sólo podrá recomendar su retirada cuando no le satisfagan.
En el largo trayecto legislativo también se ha quedado el objetivo inicial de la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, de crear un poderoso organismo comunitario de regulación. El Parlamento apoyó el informe de la europarlamentaria española del Grupo Popular Pilar del Castillo que pulverizaba esa ambición y obligó a Bruselas a conformarse con un órgano de coordinación de los reguladores (Berec, en sus siglas en inglés).
Todas estas reformas se quedaron estancadas al final de la pasada legislatura cuando el Parlamento aprobó en mayo de este año una enmienda que exigía una orden judicial como paso previo para cortar internet a los usuarios que se descargan contenidos de manera ilegal.
El pasado 5 de noviembre, representantes del Parlamento y de los Gobiernos alcanzaron un acuerdo para suprimir esa exigencia. Como consecuencia, la legislación comunitaria permitirá que las autoridades puedan cortar internet por vía administrativa y sólo a posteriori se realizará, si el usuario reclama, la revisión judicial.
La fórmula parece encajar con los deseos de Francia, cuyo proyecto de ley Hadopi (tres avisos al internauta y corte de la red) desencadenó el conflicto. Bruselas sigue observando con disgusto esa ley, pero la enmienda para frenarla hubiera abortado toda la reforma legislativa del sector.