La Justicia británica da la razón a los bancos sobre comisiones por descubiertos

El Tribunal Supremo del Reino Unido dio hoy la razón a los bancos en su disputa judicial con millones de clientes que habían reclamado la devolución de las comisiones cobradas sin aviso previo por los descubiertos en sus cuentas.

El alto tribunal desestimó sentencias en instancias judiciales previas, que habían autorizado a la Oficina de Comercio Justo (OFT) a investigar la legalidad del cobro de estas comisiones, que suponen para los bancos británicos unos ingresos anuales de 2.600 millones de libras (2.870 millones de euros o 4.335 millones de dólares).

Siete bancos y una sociedad inmobiliaria habían recurrido ante el Supremo dos sentencias previas en las que se autorizaba a la OFT a investigar estas comisiones ocultas que imponen a sus clientes, por lo que acogieron con satisfacción el fallo del Supremo.

El Tribunal consideró que no corresponde a esta Oficina determinar la justicia, la legalidad o la moralidad de estas comisiones por descubierto, por las que cobran altas cantidades.

Antes de conocer la decisión del Supremo, la OFT había adelantado que en caso de perder en esta instancia intentaría lograr la eliminación de estas comisiones por otras vías, como por ejemplo a través de una investigación de la Comisión de Competencia.

El presidente del Supremo, Nicholas Phillips, argumentó en la sentencia que los clientes de los bancos estuvieron de acuerdo con pagar comisiones por descubierto como parte del precio de ser los titulares de una cuenta corriente y que, por lo tanto, no ha lugar a su reclamación de un reembolso del dinero.

La decisión, que niega la posibilidad de recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, es un duro golpe para las asociaciones de consumidores del Reino Unido, que llevan años haciendo campaña en contra de lo que consideran el cobro de comisiones abusivas.

Según estas asociaciones y la propia OFT, los bancos obtienen hasta un tercio de sus ingresos en banca minorista a través de estas comisiones cuyas condiciones no se comunican a los clientes, son difíciles de entender, carecen de transparencia y no están sujetas a un control eficaz por parte de las autoridades de consumo.

Marc Gander, del Grupo de Acción de los Consumidores, dijo estar "conmocionado" por la decisión del Supremo y reconoció que es "un golpe devastador" para las reclamaciones de los ciudadanos.

Por su parte, la Asociación de Banqueros Británicos (BBA), consideró el fallo judicial "una clarificación de la ley" más que una victoria para las entidades financieras.

La BBA expresó su disposición "a trabajar con los organismos reguladores para garantizar que las excepcionales quejas de los consumidores encuentren una solución satisfactoria".

Desde el Gobierno, Sarah McCarthy Fry, secretaria de Estado del Tesoro, afirmó que el objetivo es garantizar que el sistema sea más justo en el futuro e indicó que "es evidente que en el pasado los bancos no han estado pensando lo suficiente en sus clientes".

"Esto tiene que cambiar en el futuro", añadió.