La CNE pide a Industria que no se traslade al cliente el coste del decreto del carbón
La Comisión Nacional de Energía (CNE) advirtió hoy sobre el sobrecoste que tendrá para la factura eléctrica el plan previsto por el Gobierno para incentivar el uso de carbón nacional por parte de las compañías eléctricas y pidió que se modifique el criterio de traslado del coste final al cliente.
Además, propuso otorgar una prima a las centrales que consumen carbón autóctono, similar al sistema de incentivos existente para las instalaciones de régimen especial, de tal forma que resulten competitivas con respecto a centrales que utilicen otros combustibles.
La CNE subraya que las medidas que se adopten para fomentar la utilización del carbón autóctono deberían tener carácter "temporal" hasta que las circunstancias del mercado eléctrico posibiliten su eliminación y, en todo caso, hasta el año 2012, fecha en la que se finaliza el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón (2006-2012), señaló en un comunicado.
Así, el regulador energético, que hoy celebró un reunión extraordinaria de su consejo de administración para analizar el borrador de Real Decreto que ha elaborado el Ministerio de Industria, indica que se debe modificar el criterio de traslado del coste final al cliente, "de forma que todos los costes derivados de la medida se instrumenten mediante un cargo regulado, evitando así su asunción por parte de los consumidores".
Ajustar la producción al plan de la minería
Además, considera que se debe reducir las producciones planteadas para ajustarlas a los compromisos del Plan de la Minería correspondientes a la actividad subterránea y plantear una solución de almacenamiento temporal de 'stock' de carbón existente en la actualidad que permita un consumo laminado en el tiempo.
La CNE también cree que se tiene que complementar con mecanismos de mercado el sistema de reducción de los programas de las centrales que compensan la entrada del carbón autóctono, como por ejemplo subastas para cada tecnología similares a las utilizadas en la segunda fase del actual mecanismo de restricciones técnicas.
Asimismo, señala que se debe permitir la participación en el mercado intradiario y los servicios de ajuste de las centrales retiradas en el mecanismo de compensación de la solución de las restricciones por garantía de suministro, así como introducir en los criterios de reducción de programas fórmulas de eficiencia energética y medioambiental que supongan la exclusión de este procedimiento de las centrales de cogeneración en régimen ordinario y las que consumen gases siderúrgicos.
La CNE también indica que se debe incluir en los precios de referencia utilizados para la determinación del lucro cesante no sólo los costes de combustible, sino el resto de costes variables (como el coste de operación y mantenimiento y del transporte), "con objeto de que el lucro cesante reconocido se aproxime al real".
Propuesta de prima y sistema retributivo complementario
Respecto a la otorgación de una prima, considera que en caso de que se adoptaran sus propuestas en relación con la reducción de las cantidades de carbón autóctono a consumir anualmente, esta propuesta tendría un impacto sobre el precio del mercado "poco significativo".
Además, propone instrumentar un sistema retributivo complementario al precio de mercado, a través de los pagos de garantía de potencia. Según indicó, si el objetivo es mantener el carbón autóctono y su utilización como garantía de suministro de los consumidores, este objetivo debería "instrumentarse mediante mecanismos de largo plazo como lo es el concepto de garantía de potencia, aplicándose para las centrales de carbón ligado a la autorización de la central, mientras que para el resto de tecnologías el paso se orientaría únicamente a la disponibilidad y no al uso.
Está previsto que el Real Decreto para incentivar el uso de carbón nacional por parte de las eléctricas vea la luz antes de mediados de diciembre. Según el contenido del borrador, se reservará un precio fijo para la electricidad producida en nueve plantas a partir de carbón nacional, que dejarán de participar en el mercado mayorista de electricidad, o 'pool', y que quedarán retribuidas gracias a un mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro.
Las centrales, cada una de las cuales tendrá un máximo unitario de producción, recibirán de media ponderada 57,32 euros por megavatio hora (MWh). Las plantas térmicas afectadas son dos de Endesa (Compostilla y Teruel), una de Endesa y Gas Natural-Unión Fenosa (Anllares), dos de Gas Natural-Unión Fenosa (Narcea y La Robla), dos de E.ON (Escucha y Puentenuevo), una de Iberdrola (Velilla) y otra de HC (Soto de Ribera).
Además, se introduce un mecanismo que compensa el mayor uso de este producto con una reducción de la contribución de las centrales térmicas -fuel, gas o las de carbón no autóctono- que emitan más CO2.