La frustrada indemnización de Kroes

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, ha fracasado en la mayor iniciativa política de su mandato. La holandesa se había propuesto dejar como legado una normativa comunitaria que facilitase la concesión de indemnizaciones a a las víctimas de cárteles y otros abusos de competencia.

Pero la furibunda campaña en contra por parte de patronales europeas y multinacionales, y la falta de apoyo del presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, han frustrado la iniciativa de Kroes, que ha visto extinguirse su mandato sin lograr siquiera que la Comisión aprobase el proyecto de ley. "La propuesta ya está lista y se la entregaré a mi sucesor", se rindió ayer la comisaria en rueda de prensa.

Ayer también trascendió la respuesta de la comisaria a la pregunta parlamentaria cursada por Ramón Jáuregui, secretario general de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo. "¿Hasta cuándo piensa la Comisión aplazar la aprobación de esta directiva?", preguntó Jáuregui el pasado mes de octubre.

La comisaria fracasa en su gran iniciativa para facilitar la reclamación de daños y perjuicios

Kroes reconoce en la respuesta que "la Comisión todavía no ha decidido cuándo estudiará la propuesta". Y justifica el retraso con que "la planificación de la agenda de la Comisión está sujeta a una evolución y cambio constante".

Para ella, sin embargo, la "evolución" ha terminado. Desde el 31 de octubre, Kroes, como el resto de comisarios, está en funciones, a la espera de que las capitales designen a sus nuevos representantes en Bruselas y a que el reelegido presidente de la Comisión asigne las carteras.

En esa situación, la comisaria sólo puede tomar decisiones de procedimiento, como la sanción impuesta ayer a un cártel de aditivos plásticos. Pero no puede rematar un proyecto político de tanta ambición como el de las compensación por daños y perjuicios a las víctimas de ese u otros cárteles.

Los enemigos de la incitativa saben, además, que Kroes no repetirá como comisaria de Competencia. Y no parece probable que su sucesor o sucesora vayan a asumir sin más una iniciativa tan polémica y que no entusiasma al presidente Barroso.

El abandono del plan, al menos de forma temporal, dejará a miles de consumidores y centenares de empresas sin una posibilidad clara de reclamar compensaciones a las compañías que durante años les cobraron de más o les limitaron el suministro.

Los estudios de la propia Comisión calculan que el daño anual causado a clientes y consumidores finales por los cárteles de escala comunitaria oscila entre los 13.000 y los 37.000 millones de euros. Las cifras se disparan hasta los 25.000 y los 69.000 millones, respectivamente, si se añade el impacto de los cárteles nacionales. Sólo los 18 cárteles multados por la Comisión entre 2005 y 2007 pudieron causar un perjuicio de entre 4.000 y 111.000 millones de euros.

Punta del iceberg

El departamento comunitario de Competencia insiste en que se trata de estimaciones prudentes. Y recuerdan que los cárteles descubiertos son la punta del iceberg (se calcula que el 80% permanecen impunes), por lo que el perjuicio real es mucho mayor.

Los mismos estudios reconocen que ninguna directiva va a permitir la compensación plena a las víctimas, entre otras cosas, porque no todas reclamarán ni serán conscientes del daño sufrido.

Aun así, la comisaria Kroes confiaba en que su frustrada iniciativa ayudase a algunos damnificados a reclamar ante los tribunales. Bruselas calcula que esas víctimas están dejando de percibir entre 5.700 millones y 23.300 millones de indemnizaciones.

Neelie Kroes aseguró ayer que el objetivo de la Comisión debe seguir siendo "atrapar a los infractores, multarles y permitir que las víctimas recuperen parte de sus pérdidas". Y aseguró que la última versión de la su directiva ha sido retocada para calmar a quienes temen la instauración de un modelo de reclamación similar al estadounidense. Pero el texto se quedará obre su mesa cuando Kroes deje la Comisión en las próximas semanas.

Para los socialistas españoles, la directiva suponía un esfuerzo por "fortalecer la Europa social comprometida con los consumidores y las pymes frente a las prácticas abusivas". Y recuerdan que la Comisión impulsó la iniciativa porque era consciente de que "las víctimas de las infracciones al derecho comunitario de competencia rara vez obtienen en la práctica, una compensación por el daño sufrido.". Parece que seguirá siendo así por un tiempo.