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A fondo
Análisis

Es un buen momento para cambiar la ley de cajas

La solución escogida por el Banco de España para salvar de la quiebra a Caja Castilla La Mancha (CCM) "no ha sido la mejor de las opciones. Pero era la única posible. Había prisa y sólo dos ofertas -la de BBK y la de Cajastur-", explica un ejecutivo del sector. Sus palabras fueron ayer corroboradas por la dirección de la entidad castellanomanchega.

Era la única solución si no se quería liquidar la entidad, algo muy costoso tanto para el erario público como para la plantilla de CCM, unas 3.000 familias que podrían quedarse sin trabajo, explican otras fuentes. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, también transmitió al PSOE y PP de Castilla La Mancha el mismo mensaje. O Cajastur o la liquidación de CCM.

Sí parece que existía otra alternativa. Una segunda vuelta en la puja para que se presentarán otras entidades financieras, pero esta opción, que se manejó inicialmente, e incluso estuvo en la mesa hasta la semana pasada, era muy complicada y suponía un gran desgaste para el sector en general y para CCM en particular. También para el Banco de España, que quería resolver el futuro de la entidad manchega rápidamente.

La fórmula presentada por Cajastur para hacerse con CCM es prácticamente la misma que la oferta de BBK. La creación o activación de una filial bancaria, en este caso Liberta, en la que se incluye el pasivo y activo del negocio bancario de la caja intervenida. CCM tendrá el 25% de este banco y Cajastur, la dueña de la ficha el 75% restante. Mientras que la caja castellanomanchega controlará las participaciones industriales, las más problemáticas, convirtiéndola en una especie de banco malo, opción ya utilizada en otros países para rescatar grupos financieros con activos tóxicos en sus balances.

CCM irá a su vez perdiendo su estatus jurídico de caja de ahorros según se vayan liquidando los activos industriales que controla, para convertirse en una fundación que únicamente tendrá bajo su responsabilidad la obra social de la entidad.

Pero entre la oferta de la entidad asturiana y la de la caja vasca existía una enorme diferencia. El coste de la operación para el resto de las cajas de ahorro. Cajastur ha solicitado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del sector 2.475 millones de euros durante un plazo de seis años como respaldo ante posibles quiebras o morosidades futuras.

En la oferta de BBK, la apelación al FGD se aproxima a los 16.000 millones de euros, según varias fuentes consultadas. Una cifra que supondría el endeudamiento del fondo durante varios años, que no podría cubrir nuevas peticiones de otras cajas para su saneamiento.

Pero al margen de las diferencias entre las peticiones de una caja y otra la fórmula innovadora elegida por ambas supone un cambio sin precedentes para el sector. No sólo por la puesta en marcha de un banco bueno -Liberta-, con los activos bancarios de CCM, y otro malo, con las participaciones industriales, fórmula no utilizada hasta ahora en España, sino también por la creación de una fundación para la obra social. Todo un reto de futuro para las cajas.

Por primera vez también se utiliza una fundación para separar la obra social del negocio bancario, algo que lleva años funcionando en Italia, y que según todos los expertos, fue el fin de las cajas de ahorros en este país. Aunque en ese caso, el trasfondo de esta transformación fue la insuficiencia de recursos propios de estas entidades, lo que derivó en la separación de estas actividades y degeneró en la entrada de capital público y privado en las fundaciones. Otra innovación de esta operación ha sido el traspaso de los activos y pasivos de una caja de ahorros a un banco, Liberta.

"Se demuestra así que un banco puede comprar una caja de ahorros, aunque no la marca. Esta era una queja habitual de la banca que ahora se ha disipado. No existe asimetría. Sólo hay que cambiar el nombre para eliminar la palabra caja porque tiene un estatus jurídico. Y esto es lo que ha sucedido en el caso de CCM", reconocen varias fuentes.

Otras fuentes coinciden en que la solución dada a CCM no ha sido la más idónea por los precedentes que puede crear en el sector, sobre todo para aquellas cajas que necesiten ser salvadas, pero insisten en que, de momento, "no ha costado nada al contribuyente. Sólo al sector a través del FGD". Pese a ello, insisten en la inquietud que ha producido en el sector la operación ideada tanto por BBK como Cajastur para rescatar a la caja castellanomanchega. Consideran que si se pudiese producir fusiones totales interregionales el temor sería menor.

También coinciden todas las fuentes en recordar "el lamentable espectáculo" vivido en Caja Madrid para nombrar a su futuro presidente.

A ello unen las trabas existentes en las cajas para aumentar su capital, y por lo tanto su solvencia, en un momento delicado para el sistema financiero español con menor entrada de negocio y más morosidad. Lo que acarrea unas mayores necesidades de provisiones, lo que reduce considerablemente sus beneficios, ya deteriorados por la coyuntura económica.

Por todo ello, consideran que es el momento de cambiar la ley de cajas de ahorros si no se quiere terminar con este modelo de 300 años de historia. ¿Se necesita que quiebren más cajas para modificar la normativa? Hay que despolitizar el sector y hacer más atractivas las cuotas participativas. Son las continúas peticiones de sus responsables.

Tanto el Gobierno como el PP estuvieron de acuerdo en cambiar la ley de cajas antes del verano. Pero todo se quedó en el olvido.

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