Las empresas piden al Gobierno ayudas a la compra en el exterior
Las grandes empresas españolas piden al Gobierno que estudie formas de ayudar a su expansión internacional sin contravenir la legislación europea, después de que la CE haya eliminado las exenciones fiscales al fondo de comercio. España, mientras, pelea en Bruselas por el mantenimiento de alguna exención para la compra de firmas extracomunitarias.
Las grandes empresas españolas no creen que la decisión de la Comisión Europea de suprimir el artículo 12, apartado 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades vaya tener un impacto considerable en su negocio, debido, sobre todo, a que la mayor parte de las grandes operaciones se produjo antes de diciembre de 2007, la fecha límite impuesta por Bruselas. Fuentes empresariales, sin embargo, reclamaron ayer al Gobierno que reaccione y establezca nuevas medidas que no contravengan la legislación comunitaria y que propicien las compras fuera de España. "Actualmente hay una inactividad absoluta a este respecto", aseguran fuentes de una gran compañía nacional. El miércoles, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anunció que el Ejecutivo no recurrirá la propuesta de la CE.
La introducción de ayudas a la internacionalización de las empresas es, en todo caso, una vieja aspiración. Las últimas en reclamarlo fueron la Cámara de Comercio de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid en septiembre. Pero la pelea parece centrarse ahora en las operaciones extracomunitarias, y el Gobierno pelea en Bruselas por que se mantenga algún tipo de exención. La forma, sin embargo, aún no está clara. Fuentes empresariales apuntan a que la participación mínima pase del 5% al 50% del capital de la empresa adquirida. Otras fuentes señalan que se estudia reducir la bonificación a la mitad.
En los últimos años, la CE y el Gobierno español han ido quitando de en medio diversas medidas de estímulo, como por ejemplo las deducciones por depreciación de cartera, eliminada por el propio Gobierno, o la deducción por actividades de exportación (DAEX), cuya completa supresión está prevista para 2011. Este progresivo fin de los estímulos ha llevado a las corporaciones a reclamar que al menos se eliminen las trabas existentes, sobre todo a las compras que se llevan a cabo a través de holdings empresariales.
Las fuentes de las compañías consultadas se quejan, además, de la poca capacidad de negociación ante Bruselas, en comparación con las ayudas de Estado concedidas en otros países que, en cambio, sí han contado con el visto bueno. Es el caso del llamado interest box holandés, una medida que se aprobó en julio y que permite reducir la tributación de los ingresos financieros que se producen dentro de un mismo grupo empresarial. Este caso, de hecho, iba a suponer una suerte de antecedente favorable para los intereses españoles, algo que finalmente no se produjo. Tanto fuentes de la Administración española que han trabajado en el expediente como portavoces empresariales aseguraron que la práctica totalidad de países comunitarios cuentan con medidas parecidas.
El Gobierno español ha intentado -en vano- convencer a la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, de que esas ayudas no contravenían el derecho comunitario. Su principal argumento era que éstas estaban disponibles para todas las empresas que pagan impuestos en España, independientemente de su nacionalidad. La Comisión, en cambio, ha estimado que condonar tasas distorsiona la competencia al permitir la expansión y animar a grupos internacionales a domiciliarse en territorio español.
El plazo contemplado (finales de 2007) ha llevado a algunas empresas a considerar la decisión de Bruselas un "éxito relativo". Hasta ahora, Santander ha reconocido que la compra de Alliance & Leicester puede verse afectada, aunque su impacto será pequeño, ya que el fondo de comercio generado se cifra en 489 millones. Fuera quedan la compra de O2 realizada por Telefónica y de Scottish Power por Iberdrola, así como las ofertas de Sacyr, Abertis y Cintra para la concesión de las autopistas en Francia.
Exenciones
Hasta ahora, las empresas podían deducirse un 5% anual del fondo de comercio de la cantidad a pagar en concepto del impuesto de sociedades.
El caso se inició a raíz de la denuncia recibidas tras la compra de O2 por parte de telefónica y de Scottish Power por Iberdrola.