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Debate en el Pleno del Congreso

Salgado defiende que la nueva financiación autonómica refuerza el Estado del Bienestar

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, defendió hoy el nuevo modelo de financiación autonómica como un "pilar fundamental" del Estado autonómico que reforzará el Estado del Bienestar y la igualdad de los ciudadanos, ante lo que la portavoz 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, le acusó de haber hecho una reforma "de espalda a la crisis" y de "tomar el pelo" a las comunidades autónomas y a los ciudadanos con un "fraude" cometido en tiempos de "penuria fiscal".

Este enfrentamiento se produjo durante el debate ante el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas de totalidad presentadas por 'populares', CiU, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), contra los dos proyectos de ley elaborados por el Gobierno para regular el nuevo sistema avalado el pasado mes julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Se trata de la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del proyecto que regula el sistema de financiación y modifica determinadas normas tributarias.

En su intervención, Salgado insistió en que el nuevo modelo da respuesta a las necesidades de la sociedad actual y que se trata de un sistema "más estable, solidario y justo", que garantiza una aportación adicional de aproximadamente unos 11.700 millones de euros durante los próximos tres años, asignados a las comunidades en función de la población.

Así, destacó que el Estado aportará "lo antes posible" los recursos adicionales, 6.300 millones en el próximo año y otros y 7.650 millones en 2011. Además, la Administración General del Estado facilitará el aplazamiento y fraccionamiento de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, derivadas del sistema actual, que en el pasado ejercicio sumaron 6.000 millones de euros.

El reparto de los recursos hará "especial énfasis" en el aumento de la población que supone 3.675 millones de estos recursos adicionales, otros 1.812 millones para la atención a la dependencia e idéntica cantidad para atender a las necesidades derivadas de la "elevada dispersión poblacional" y las lenguas cooficiales.

Salgado recordó que en 2004, tras la llegada al poder de los socialistas, las comunidades mostraron su coincidencia con que los recursos aportados por el sistema anterior, aprobado en 2001 por el PP, eran "insuficientes" tras comprobar los primeros datos de liquidación, que evidenciaban también que tampoco se contaba con los mecanismos para su actualización.

"Fue un modelo cuestionado unánimemente por todos los gobiernos autonómicos", aseguró Salgado, quien recordó que el pasado mes de julio la mayoría de los territorios gobernados por los 'populares' se abstuvieron cuando el nuevo modelo de votó en el CPFF, "y ninguno votó en contra".

Penuria fiscal

Por su parte, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría advirtió a Salgado de que el apoyo al nuevo modelo en el CPFF y en las Cortes es "muy inferior y está muy lejos" del que tuvo el modelo de 2001, y advirtió de que esta "falta de consenso" es importante en un modelo que pretende garantizar la equidad, justicia y transparencia para todos los ciudadanos, por lo que le urgió a revelar qué partidas concretas recibirá cada comunidad.

"Si no lo hace, tendremos que pensar que quiere ocultar algo", insistió la dirigente 'popular', quien llegó a advertir a la vicepresidenta segunda de que podría pasar por "encubridora de un fraude". Salgado se limitó a recordar que las partidas que recibirán las comunidades se determinarán mediante comisiones mixtas una vez aprobada la reforma.

Asimismo, Salgado advirtió de que esta reforma no es adecuada en un tiempo de "penuria fiscal" como ha advertido incluso el ex presidente socialista, Felipe González. "En tiempos de tribulaciones no hacer mudanza", resumió Sáenz de Santamaría, quien acusó a Salgado de tomar el pelo a las comunidades prometiendo 11.000 millones de recurso adicionales cuando los Presupuestos para 2010 "les recortan 10.000 millones". "Esta reforma se ha hecho de espalda a la crisis", aseguró.

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