La CE sólo acepta las ayudas fiscales a las fusiones hasta 2007
La Comisión Europea tiene previsto declarar hoy ilegales los incentivos fiscales a la internacionalización de las empresas españolas. La decisión exigirá la devolución de las ayudas a partir de octubre de 2007, un plazo que deja fuera de peligro a grandes operaciones de empresas como Telefónica, Iberdrola o Santander.
Madrid no ha logrado disuadir a la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes. La holandesa ha confirmado sus sospechas sobre la ilegalidad de las deducciones fiscales que Hacienda ofrece desde 2002 a las empresas españolas que adquieren participaciones en empresas extranjeras. Y salvo imprevistos de última hora, Kroes emitirá hoy un dictamen que declara la incompatibilidad de esas ayudas con la normativa comunitaria.
Bruselas, en consecuencia, exigirá al Gobierno la recuperación de las deducciones. Pero la comisaria, para alivio de muchas de las empresas beneficiadas, al menos ha aceptado establecer un límite temporal en cuanto a la retroactividad de su dictamen.
Las operaciones realizadas antes de octubre de 2007, momento en que la CE anunció su investigación, quedarán exentas de la obligación de devolver unos subsidios que se cifran en miles de millones de euros. Con posterioridad a esa fecha, la comisaria considera que las empresas ya eran conscientes de las dudas de Bruselas sobre la legalidad del mecanismo. Y, por tanto, tendrán que devolver al Estado las deducciones que se hayan aplicado en los dos últimos ejercicios fiscales y renunciar a las que hubieran podido aplicarse durante los próximos 18 años.
El plazo fijado deja fuera "de peligro" a grandes operaciones, como la compra de O2 por parte de Telefónica, del Abbey por Santander o Scottish Power por Iberdrola.
El impacto del dictamen también resulta mitigado por el hecho de que durante 2008 la expansión de las empresas españolas perdió ritmo debido a la crisis financiera. Aún así, algunas compañeras, como el Santander, han continuado realizando compras internacionales durante los últimos meses. Fuentes de la entidad reconocieron ayer que la compra de Alliance & Leicester puede verse afectada, aunque resaltaron que el fondo de comercio generado por esa operación sólo asciende a 442 millones de libras esterlinas (489 millones de euros).
Con todo, el dictamen comunitario puede recurrirse ante el Tribunal de Justicia europeo, lo que podría dilatar durante años la devolución efectiva de los subsidios.
Pero el peligro también acecha a las operaciones extracomunitarias porque el dictamen de Kroes, según ha podido saber Cinco Días, sólo resuelve la parte del expediente relativa a las operaciones dentro del mercado europeo. La investigación sobre el resto continúa abierta y podría cerrarse en las próximas semanas.
Estados Unidos
Las fuentes consultadas indican que Bruselas y Madrid siguen sin ponerse de acuerdo sobre el tratamiento definitivo de unas operaciones entre las que figuran, por ejemplo, ciertas inversiones de Iberdrola, BBVA o Santander al otro lado del Atlántico. Bruselas podría acabar aceptando una solución temporal similar a la de las operaciones europeas.
En todo caso, la decisión de Kroes cierra para el futuro la posibilidad de que esas empresas españolas u otras se beneficien de deducciones fiscales por su inversión en el extranjero.
El Gobierno español ha intentado en vano convencer a la comisaria de que esas ayudas no contravenían el derecho comunitario porque estaban disponibles para todas las empresas que pagan sus impuestos en España, con independencia de su nacionalidad.
Bruselas, por el contrario, cree que la condonación de impuestos a las inversiones en el extranjero distorsionan la competencia, tanto al permitir la expansión de las empresas españolas como al animar a empresas internacionales a domiciliarse fiscalmente en territorio español.