El dilema fiscal del comisario de Economía
Aún no se sabe quién será el próximo comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros. Ni siquiera si esa cartera, ocupada ahora por Joaquín Almunia, mantendrá el mismo perímetro político o ampliará su campo de actuación para ocuparse también de los desmadejados mercados bursátiles y bancarios.
Pero lo que es seguro es que a Almunia (o a su sucesora o sucesor) le corresponderá la incómoda tarea de hacer la vista gorda durante todo su mandato (2009 - 2014) ante los inevitables números rojos de la gran mayoría de los países de la Unión Europea.
Gobierno tras Gobierno, con la excepción, de momento, de Alemania, están posponiendo la fecha para volver al equilibrio presupuestario perdido por culpa de la crisis bancaria.
Bélgica, que no prevé el déficit cero hasta 2015, ha sido el último país en sumarse a una estampida que inició la Francia de Nicolas Sarkozy. Pero el tremendo impacto fiscal de las ayudas al sector financiero y del gasto social para paliar la crisis apunta a que la lista de rezagados fiscales se ampliará en los próximos meses.
Y a que la consolidación presupuestaria no se afianzará hasta finales de la próxima década. Las proyecciones de la propia Comisión indican que la deuda media de la zona euro alcanzará el 100% del PIB en 2014, (66% en 2007, antes de que comenzase la crisis).
Ese calendario permite concluir que el próximo comisario de Economía se pasará todos sus cinco años de mandato sin poder hacer cumplir los límites de déficit (3%) y deuda (60%) previstos en el Pacto de estabilidad y crecimiento.
Por supuesto, el departamento del comisario insistirá durante los próximos cinco años, como lo hace ahora, en que el Pacto sigue en vigor aunque el déficit público de 20 de los 27 socios supere el límite establecido del 3% del PIB. Y repetirá, como ahora repite, que desde la reforma de 20065, el Pacto goza de la suficiente flexibilidad como para acomodar la expansión del gasto y el endeudamiento públicos que ha requerido la lucha contra la crisis.
Pero los mercados pueden empezar a desconfiar de la fe del carbonero comunitario tan pronto como la recuperación económica empuje los tipos de interés hacia arriba y perciban el riesgo de que algunos países caigan en la espiral del servicio de su deuda.
Las últimas previsiones de la Comisión (que se actualizarán el próximo 3 de noviembre) ya indican que todos los países, salvo Chipre, verán aumentar la deuda entre 2008 y 2010. El incremento medio será de 14,5%, pero en algunos países, como Reino Unido, Irlanda o Letonia, superará el 30%. Al final del período, la deuda de seis países (Alemania, España, Holanda, Austria, Irlanda y Malta) rebasará el 60% del PIB establecido en el Pacto. En al menos cuatro (Francia, Reino Unido, Hungría y Portugal) superará el 80%. Y los tres "sospechosos habituales" (Italia, Bélgica y Grecia) volverán a situarse por encima del 100% de su PIB.
La escalada de esas cifras se combinará en el corto y medio plazo con tres factores temibles: el envejecimiento de la población, una caída del 50% en el potencial de crecimiento como consecuencia de la crisis y la merma en los activos públicos disponibles para la venta después de los recientes procesos de privatización, salvo los activos financieros adquiridos para sanear los bancos, que en 2008 ascendieron a 209.349 millones de euros.
Todo ello coronado con un deterioro en un mercado laboral que, a juzgar por anteriores recesiones, suele tardar entre 20 y 30 meses en recuperar su ritmo previo a la crisis.
El escenario resultante coloca al próximo comisario de Economía ante un panorama abrumador y una previsible impotencia. La imposibilidad de pedir ajustes importantes mientras dure la crisis deberá combinarse con las peticiones para garantizar a largo plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Una tarea difícil de encajar con la aplicación de un Pacto que suele centrarse en períodos de tiempo muy cortos. En los expedientes de déficit excesivo abiertos hasta ahora, los plazos fijados para corregir la deriva presupuestaria oscilan entre 2011 y 2014 (2012 para España). Metas inalcanzables en la mayoría de los casos. Almunia, sin duda consciente de esa realidad, ha insistido en que el objetivo de esos procedimientos no es llegar a sancionar a los países sino ayudarles a reconducir sus cuentas públicas. El Pacto reformado, de hecho, permite repetir una y otra vez la última fase del expediente para no llegar al ultimátum de las sanciones que en 2003 llevó a Alemania y Francia a dinamitar el Pacto original.
Sostenibilidad
Aún así, algunos analistas creen que el Pacto no ofrece el marco adecuado para llevar a cabo un saneamiento tan generalizado como el que hará falta en esta ocasión. Jürgen von Hagen y Jean Pisani-Ferry, del instituto de estudios Bruegel, han abogado, en un reciente memorial dirigido al próximo comisario, por diseñar un Programa para la sostenibilidad europea, aplicable durante el lustro venidero. El programa, según los dos autores, debería fijar los objetivos de déficit que cada país debería alcanzar en 2015.
Hagen y Pisani advierten al futuro comisario que con el panorama que le espera "no puede conformarse con ser un simple servidor de procedimientos anticuados". Todo lo contrario. Creen que la persona que deberá aprovechar su mandato para "redefinir el cargo y recobrar autoridad".