Los Albertos recurrirán ante el Supremo la sentencia de cuatro meses de cárcel
Alberto Cortina y Alberto Alcocer anunciaron hoy que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo la pena de cuatro meses de prisión impuesta por tentativa de estafa procesal en el 'caso de la carta falsa' al considerar la sentencia "radicalmente injusta" y dictada "sin prueba alguna", según anunciaron sus representantes legales en un comunicado.
"Esta sentencia es radicalmente injusta porque, sin prueba alguna, considera que nuestros defendidos conocían la falsedad de la carta", explica el comunicado, en el que mantienen que "se limitaron a recibir la carta en la que unos desconocidos, a quienes no llegaron a conocer, les ofrecieron pruebas de su inocencia, así como a encargar luego a sus abogados que procedieran como estimaran oportuno en defensa de sus intereses
El tribunal de la Sección Séptima que ha juzgado el caso ha condenado a los dos primos a la pena de cárcel por el delito de intento de estafa procesal al Supremo, en tanto que les ha impuesto una multa a cada uno de 192.000 euros por el delito de acusación y denuncia falsa contra sus socios de Urbanor, a los que deberán indemnizar con 45.000 euros por los daños morales sufridos.
Esa indemnización se abonará de forma solidaria con los otros tres condenados, los hermanos José María y Javier Arnaiz, y la documentalista Gloria Álvarez, que han recibido una pena de 20 meses de prisión por haber falsificado la carta y por la estafa procesal en grado de tentativa, en tanto que por el delito de acusación y denuncia falsa deberán pagar una multa de 17.100 euros cada uno.
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto en cambio a los letrados de "los Albertos" Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, que estaban acusados por una parte de los socios minoritarios.
Las penas recibidas por Cortina y Alcocer, a los que exculpaba el Ministerio Fiscal, son muy inferiores a las solicitadas por las acusaciones particulares (que pedían entre cuatro años y cuatro meses y ocho años de prisión), ya que entre otros motivos no han sido condenados por la falsificación de la misiva.
En esa carta, fechada en octubre de 2000, uno de los socios minoritarios de la sociedad Urbanor, Pedro Sentieri, admitía que tanto él como el constructor Julio SanMartín conocían la existencia de dos precios para la venta de los terrenos donde posteriormente se edificaron las Torres KIO (Madrid); una versión contraria a la que dieron ante los tribunales.
El caso se remonta a marzo de 2003 cuando, después de que el Tribunal Supremo condenara a los dos primos por el caso Urbanor, "los Albertos" firmaron un contrato con los hermanos Arnaiz para la búsqueda de pruebas exculpatorias a cambio de 4,9 millones de euros.
Pocos días después de la firma de ese contrato, el 9 de abril de 2003, Gloria Álvarez, amiga de uno de los Arnaiz, presentó una denuncia ante la Fiscalía con una copia de la carta, que supuestamente había recibido de forma anónima.
Tras las periciales que apuntaban que la firma de la carta era auténtica pero que el texto había sido manipulado, se sobreseyeron las actuaciones por falso testimonio contra los socios minoritarios de Urbanor y se incoaron diligencias contra "los Albertos", los Arnaiz y Álvarez.
La sentencia no supondrá la entrada en prisión de los dos empresarios, ya que aplica una pena baja de cárcel y tiene que ser confirmada por el Tribunal Supremo, al que recurrirán la mayor parte de los implicados.