El Gobierno y el PNV pactan las reformas económicas aún pendientes
El acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, formalizado ayer con el rechazo de las enmiendas de totalidad, va más allá y se ampliará al grueso del paquete económico que el Ejecutivo remitirá al Congreso en los próximos meses.
La geometría variable que tanto gusta a José Luis Rodríguez Zapatero se toma un respiro. Ayer, el PNV y Coalición Canaria ayudaron al Gobierno a enterrar la media docena de enmiendas a la totalidad defendidas por el PP, CiU y la izquierda parlamentaria cobijada en el Grupo Mixto. Pero el acuerdo con los nacionalistas vascos va mucho más allá.
Según reconoció su portavoz económico, Pedro Azpiazu, se ha generado una complicidad con el Gobierno para participar en la gestión presupuestaria a lo largo de todo el ejercicio y también para alcanzar compromisos que afectan a la economía productiva para el conjunto del Estado en áreas como la I+D+i, la energía, la economía sostenible y la reforma de los organismos reguladores. El PNV, de hecho, quiere estar presente en la mayoría de ellos.
El nacionalismo vasco, que lleva apoyando los Presupuestos estatales por quinto año consecutivo, aprovecha de esta forma ahora el espacio político abandonado provisionalmente por Ci U, formación que ha decidido priorizar sus intereses electorales con la mirada puesta en las autonómicas catalanas y en su posible adelanto al mes de junio.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, se lamentó ayer de que los Presupuestos de 2010 hayan superado el primer escollo parlamentario y anticipó el contenido de sus enmiendas parciales: defenderá nuevos incentivos fiscales para pymes y autónomos, la paralización de la reforma tributaria y la ampliación de las formas de contratación en sectores concretos como el de la hostelería o los servicios adosados a la dependencia. El juego de alianzas que practica el Gobierno volverá a abrirse a partir de la primera semana de noviembre en la Comisión de Presupuestos, a través del debate de las enmiendas parciales. Izquierda Unida, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Gallego, sobre todo, intentarán pescar en río revuelto obligando al Gobierno, a cambio de sus votos, a realizar algún gesto testimonial en su reforma fiscal. Uno de ellos, insinuó ayer Gaspar Llamazares (IU), puede consistir en mantener la deducción de los 400 euros en el IRPF para las rentas más bajas. La reforma en la tributación de las Socimi parece descartada.
Los Presupuestos superaron ayer por 177 votos frente a 168 el primer escollo, pero no se libraron de las críticas por la práctica totalidad de los partidos, incluido el PNV. Pedro Azpiazu reprochó la falta de reformas que incorporan, cuestionó que con ellos pueda alcanzarse el reequilibrio de las finanzas públicas en 2012 y recordó a Salgado su "clamoroso silencio sobre el mercado de trabajo". Obligado por las circunstancias, ya que ha quedado registrada esta propuesta para su debate en el pleno de la semana que viene, el PNV se verá en el trance de defender la reducción de la estructura del Gobierno, justamente cuando le acaba de avalar en el proyecto presupuestario: defiende la supresión de una vicepresidencia y un máximo de 14 ministerios, frente a los 16 actuales.
Es una iniciativa en la que el Gobierno ya ha salido mal parado en dos ocasiones, pues en los últimos meses también ha sido respaldada por el PP, CiU y otros grupos. Los ministerios que, según el sentir mayoritario de los grupos, están de más son los de Igualdad, Vivienda y Cultura. Según cálculos gubernamentales mantener el departamento de Corredor como está no cuesta más de 70 millones al año.
Paquete económico amplio y disperso
La buena disposición del PNV a cubrir las necesidades del Gobierno le llega al PSOE en un momento de debilidad parlamentaria después de su alejamiento de los grupos de izquierda a cuenta de la reforma fiscal. Coincide también con la tramitación de una docena larga de proyectos de ley de contenido económico a los que el Ejecutivo concede la máxima prioridad.Este viernes, el Gobierno tiene pensado aprobar la segunda parte del llamado Plan E.Está pendiente también de entrar en el Congreso el proyecto de ley de Economía Sostenible para el que se busca una financiación de 10.000 millones en el sector privado, complementarios de los 10.000 más que pondrá el ICO.Además, el PSOE intenta buscar apoyos para sacar adelante la directiva de servicios que, a través de su desdoblamiento en dos leyes, implicará la reforma de varios centenares de leyes. La reforma del IRPF de no residentes, la modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, la nueva ordenación del comercio minorista, la ley de eficiencia energética y la nueva ley de Puertos forman parte también del amplio paquete legislativo para el que el equipo económico necesita apoyos.