Unión Europea

El Ecofín, muy cerca de un acuerdo sobre nueva arquitectura de supervisión financiera

Los países de la Unión Europea se encuentran muy cerca de un acuerdo sobre la primera parte del paquete de medidas destinadas a establecer una nueva arquitectura de supervisión financiera que evite la repetición de la crisis vivida este último año.

La Presidencia de turno sueca de la UE pretende alcanzar un principio de acuerdo el próximo martes, en Luxemburgo, entre los ministros de Economía y Finanzas sobre la creación de la llamada Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).

La función de este nuevo órgano es detectar los riesgos que amenacen al sistema financiero en su conjunto y tendrá la capacidad de emitir alertas -por lo general, no públicas- que permitan a las autoridades, nacionales y europeas, adoptar cuanto antes las medidas necesarias.

En otoño de 2008 los gobiernos europeos tuvieron que inyectar, de prisa y corriendo, miles de millones de euros a los bancos para salvarlos de una quiebra generalizada que los supervisores no supieron o pudieron prever.

Las primeras propuestas legislativas concretas, presentadas por la Comisión de la UE el pasado 23 de septiembre, pretenden subsanar la fragmentación en sistemas nacionales que dificulta la supervisión de las entidades financieras activas en el mercado interior europeo.

Además de una Junta encargada de la supervisión macroprudencial, la Comisión ha propuesto el establecimiento de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF), responsable de la supervisión microprudencial.

El SESF asociará a los supervisores nacionales y a tres nuevas autoridades comunitarias de supervisión -creadas a partir de otros tantos comités ya existentes- para los sectores de banca; mercados y valores; y seguros y pensiones de jubilación, respectivamente.

Fuentes diplomáticas han confirmado esta semana que los trabajos técnicos sobre estas propuestas "han ido rápido", y el Consejo Ecofín podría alcanzar el martes un acuerdo sobre la orientación general.

La nueva legislación debe pasar, en cualquier caso, por el Parlamento Europeo, que tiene capacidad para enmendarlas (codecisión).

La JERS tendrá la facultad de dirigir recomendaciones y alertas a los estados miembros (incluidos los supervisores nacionales) y a las tres autoridades europeas de supervisión, que deberán atenerse a las mismas o, en caso contrario, explicar los motivos.

Participarán en la JERS las máximas autoridades del Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales, las autoridades europeas de supervisión y los supervisores nacionales.

Las dos últimas cuestiones en suspenso en relación con la JERS tienen que ver, por un lado, con el sistema de mayorías necesarias para decidir una alerta y emitir una recomendación y, por otro, con quién debe ser el destinatario o destinatarios de sus dictámenes.

La presidencia sueca ha propuesto que la Junta decida sus alertas por simple mayoría pero emita sus recomendaciones por mayoría cualificada de dos tercios de los votos.

Alemania prefiere, por el contrario, que la mayoría cualificada se aplique tanto para las alertas como para las recomendaciones.

Ya parece resuelta, por otro lado, la cuestión de saber quién debe ser el destinatario de sus avisos: se enviarán, simultáneamente, al interesado y al Consejo Ecofín.

En cuanto a la composición del comité de dirección que se encargará de preparar los trabajos de la Junta, la mayoría se inclina por ampliar a cinco el número de representantes del Banco central Europeo (BCE).