Los inspectores piden un plan antifraude fiscal para aflorar 100.000 millones
Los inspectores de Hacienda plantean un nuevo plan "especial" de actuación contra el fraude tributario que permitiría recaudar 100.000 millones de euros en cuatro años, a través del incremento de las sanciones, la recuperación del control sobre las Sicav y el desvío de personal inspector del sector inmobiliario hacia colectivos instalados en la economía sumergida.
La recuperación de ingresos vía control del fraude tributario es vital en un momento como el actual, de caída generalizada de la recaudación. Bajo esta tesis, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado hizo público ayer un documento, aprovechando su XIX congreso anual, en el que plantea al Ministerio de Hacienda una batería de medidas encaminadas a elevar la recaudación.
El plan, que se hará llegar a la cúpula de la Agencia Tributaria, pretende una reorientación de los efectivos de la inspección desde el sector inmobiliario, donde se encuentra el 40% del personal, hasta sectores "en donde está instalada la economía sumergida y el fraude organizado". El colectivo pretende también un aumento de la plantilla de la Agencia (600 inspectores, 3.000 técnicos y 2.000 agentes tributarios), "cuyo coste sería cero", ya que se sufragaría con un incremento de los ingresos obtenidos por la propia Agencia.
El plan se completa con una batería de medidas normativas y organizativas. Entre ellas, destaca el acortamiento de los plazos para recuperar la deuda pendiente de cobro en tribunales y en las dependencias de recaudación, y un aumento de las sanciones, tanto en vía administrativa como penal.
En el caso de las Sicav, donde están invertidos gran parte de los ahorros de las grandes fortunas, la organización pide la devolución a la Agencia Tributaria de las competencias de control, actualmente en manos de la CNMV. "Está comprobado que su control está siendo insatisfactorio. Que se sepa, por el momento la CNMV no ha sacado a nadie del registro de estas Sicav, pese a que hay casos puntuales en donde el número de partícipes es inferior a 100, como marca la ley. Hasta cierto punto es lógico que esto suceda porque la institución vela más por la protección de los inversores que por el cumplimiento de los requisitos fiscales", dijo ayer Francisco de la Torre, portavoz de la organización. El retorno a Hacienda del control de este colectivo serviría, además, de labor ejemplarizante para el resto de la sociedad, "que muchas veces ve cómo deja de tributar quien más tiene, mientras que el contribuyente con rentas del trabajo no se puede escapar al pago de impuestos". El plan podría llegar a recaudar 100.000 millones en los próximos cuatro años, según el colectivo, una cifra muy superior a los 11.000 millones que prevé ingresar el Gobierno por la próxima subida de impuestos.
El déficit fiscal "superará el 10%"
Los inspectores desean que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda, se encargue de hacer un seguimiento del citado plan, midiendo la evolución del nivel de fraude. El presidente del IEF, José María Labeaga, presente ayer en el congreso, consideró clave la labor del colectivo de inspectores si se quiere reducir el déficit fiscal de la economía española. Labeaga estimó que este año el déficit se situará "en torno al 10,5% del PIB", un punto por encima de la previsión oficial que maneja la vicepresidenta económica, Elena Salgado.
Las propuestas para combatir el fraude
Tipificar como infracción el ofrecimiento de servicios sin factura o sin incluir el IVA. Aumentar las sanciones por no aportar información.Elevar de cuatro a seis años la pena de prisión por delito fiscal. Aumentar de cinco a diez años el plazo de prescripción del mismo.Crear una policía fiscal contra el fraude organizado.Fijar un gravámen del 24% sobre movimientos de fondos con paraísos fisales.Prohibir que la banca mantenga filiales en dichos territorios. No reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el comercio español.Competencia de la Agencia Tributaria sobre las Sicav.Acortar los plazos previstos para recuperar deuda pendiente de pago.Plan especial de facturas falsas y testaferros contra la economía sumergida.Fijar una declaración sobre bienes, derechos y deudas, a presentar junto con la del IRPF, que compense los efectos de la supresión del impuesto sobre el patrimonio.Reforzar la figura de la denuncia pública.Las infracciónes muy graves deberían ser ejecutivas, para acelerar su cobro.Reorientar los planes de inspección hacia actuaciones para combatir la economía sumergida.Régimen especial para determinados defraudadores que permita prohibirles operar con la banca cuando se declaran insolventes y tienen deudas con Hacienda.
La cifra
70.000 millones es el importe estimado de las cuotas no ingresadas cada año en Hacienda, derivado de la economía sumergida y el fraude fiscal.