El Congreso respalda el blindaje del Concierto vasco sin el voto del PP
El PNV votará en contra de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos estatales El PP y la diputada Rosa Díez fueron los únicos que se descolgaron ayer del amplio acuerdo parlamentario generado para blindar el Concierto vasco. La toma en consideración de la proposición de ley votada unánimemente por el Parlamento de Vitoria la pasada primavera permitirá que las normas tributarias de las diputaciones forales no puedan ser recurridas ante la jurisdicción ordinaria.
El PNV todavía no reconoce públicamente que respaldará los Presupuestos estatales del año que viene, pero el alto grado de complicidad alcanzado por sus portavoces con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y con los responsables del Grupo Socialista, hace que el anuncio de este acuerdo esté próximo. El viernes se acaba el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley presupuestario, aunque la hora de la verdad no llegará hasta el martes, 20, día en el que se debatirán estas propuestas y, por lo tanto, quedará despejada la primera fase de su tramitación.
La toma en consideración ayer por el Congreso de la proposición de ley que blinda el Concierto económico allana el camino para este acuerdo presupuestario, por mucho que a ninguna de las dos partes concernidas le convenga vincular ambas iniciativas. Al Gobierno le disgusta porque ofrece una imagen de entreguismo a cambio de los seis votos del PNV. Y a los nacionalistas vascos no les compensa tampoco porque genera agravios comparativos con comunidades limítrofes como Castilla y León o La Rioja.
Para defender el blindaje del Concierto, visitó ayer el Congreso una amplia representación del Parlamento vasco. En los discursos del PSOE, del PNV y de CiU hubo un denominador común: el acento en la necesidad de equiparar las normas tributarias vascas a las de otras comunidades en lo que afecta a su posible recorrido en los tribunales. Las normas fiscales vascas carecen de rango de ley, pero suplen a ésta. Por esta razón, el Parlamento vasco ha defendido de forma unánime que no puedan ser recurridas ante la jurisdicción ordinaria, pues un uso abusivo de los recursos contenciosos administrativos puede llegar a paralizar la actividad económica. La última palabra, según el criterio de las fuerzas políticas vascas, la debería tener el Tribunal Constitucional, un criterio que ahora comparte el Gobierno central.
Quien quedó ayer en peor lugar fue el PP porque votó en contra en la votación de la toma en consideración de la proposición de ley (excepto tres diputados que salieron del Hemiciclo), a pesar de que esta misma formación en el País Vasco respaldó en primavera esta reforma, que implica modificaciones en la ley del Consejo del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional.
El diputado popular Arturo García Tizón, quien ejerció en el pasado como jefe de la Abogacía del Estado, aseguró ayer que la defensa de la foralidad ha sido siempre un rasgo distintivo de su partido, pero que "hay un factor que distorsiona e impide votar a favor de la toma en consideración" de la proposición de ley, y es que "se asocia a la aprobación de los presupuestos del Estado". Este fue el principal argumento que utilizó el PP para abstenerse en la votación.
Con el respaldo del PNV a los Presupuestos casi asegurado, el esfuerzo del Gobierno se concentra ahora en ampliar el abanico de apoyos. El de Coalición Canaria también es seguro y ahora trabaja contrarreloj con IU, ERC y el BNG, sobre todo, a partir del margen de maniobra para modular la reforma fiscal.
El sistema que regula las relaciones tributarias
El Concierto Económico de Euskadi es el sistema que regula las relaciones tributarias con el Estado y, posiblemente, el convenio que ha suscitado un mayor consenso entre los partidos políticos vascos que lo consideran un elemento sustancial del autogobierno, informa Kirru Artea. Este sistema, cuyo origen data del siglo XIX y cuya aplicación fue derogada en Guipúzcoa y Vizcaya, por un decreto franquista al considerarlas considerarlas provincias "traidoras", se ratificó en 1978 y lo consagró la Constitución.Su aplicación posibilita a las haciendas forales configurar un sistema específico tributario que les permite una regulación fiscal propia en impuestos como el IRPF, sociedades, e IVA , entre otros. Esta política obliga, también, a una coordinación, armonización y colaboración fiscal con la Agencia Tributaria con el objetivo de preservar el principio de solidaridad y mantener una lealtad fiscal y una presión tributaria similar. Esta capacidad recaudatoria y de gestión facilita a las instituciones de Euskadi financiar las competencias asumidas, es decir, todas las gestionadas por el Ejecutivo de Vitoria y las diputaciones, menos las relativas al Ejército, Asuntos Exteriores y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Para financiar estos capítulos, Euskadi debe aportar a las arcas españolas, en concepto de Cupo, el 6,24% de los ingresos. En este porcentaje, calculado según el peso que tiene la economía vasca en el conjunto del PIB de España, se incluye el coste de la Ertzaintza (Policía autónoma), cuya financiación hace un viaje de ida y vuelta, al considerarse Fuerzas de Seguridad del Estado.A su vez, Euskadi contribuye, sin recibir nada a cambio, a aumentar el Fondo de Compensación interterritorial.
