El ex ministro Jordi Sevilla aboga por subir el IVA ya en enero y por una reforma laboral
El que fuera ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2007, Jordi Sevilla, se incorporó ayer al grupo de ex miembros de la ejecutiva socialista que alzan la voz para criticar la gestión de la crisis económica. Incidiendo sobre la necesidad de afrontar reformas de calado, Sevilla advirtió que "reducir el gasto en I+D no parece coherente con el discurso del cambio de modelo productivo".
Sobre este último, el ex ministro aseguró que "no se encuentra en los Presupuestos" de 2010, aunque espera que se articule mediante la Ley de Economía Sostenible.
"No lo hubiera hecho así", aseguró Sevilla respecto al aumento de la presión fiscal, pero admitió que el incremento venía siendo necesario, ya que "el Estado no tenía ingresos suficientes para hacer frente a los gastos". En su opinión, la prioridad "no está en subir los impuestos" sino "en reformar cómo se recaudan" para hacerlo de forma "más equitativa". "No se puede mandar el mensaje a la sociedad de que quien más trabaja es quien más paga", defendió. No obstante, Sevilla se declaró partidario de que la subida del IVA se haga desde el 1 de enero para aprovechar la baja inflación, en lugar de esperar a julio para que los precios repunten.
"La subida de impuestos no nos sacará de la crisis, pero tampoco nos hundirá más en ella", matizó. El que precediera a Elena Salgado en su anterior cometido sostiene que ella está "más que preparada para el cargo" de vicepresidenta económica, aunque no siempre esté de acuerdo con sus decisiones.
Sevilla, que actualmente es consejero para PricewaterhouseCoopers, también apostó por reformar el mercado laboral, y lamentó que el fracasado diálogo social no fuera encaminado en esta dirección. "El cambio debe ser asumido por sindicatos y patronal", explicó, "y el Gobierno ha de ser el árbitro que lubrique el acuerdo con medidas presupuestarias". La clave, según él, podría estar en extender de forma generalizada los contratos indefinidos con una indemnización por despido de 33 días (en lugar de los actuales 45 días por año).
