Garzón ordena el traslado urgente a España de los dos piratas capturados
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado hoy prisión para los dos piratas somalíes que participaron en el secuestro del atunero vasco Alakrana capturados por la fragata de la Armada Canarias y ha ordenado al Ministerio de Defensa su traslado "de forma urgente" a España.
En un auto notificado poco antes de las nueve de la noche, el magistrado -que acusa a los dos piratas de un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas- ordena asimismo a la Comisaría General de Información de la Policía que asuma la investigación desde este momento, autorizando incluso el desplazamiento de agentes al lugar de los hechos.
Así, el juez da instrucciones a Defensa para que informe a los detenidos de sus derechos constitucionales y de que están a disposición de la Audiencia Nacional y para que facilite a la Policía "todos y cada uno de los datos que se produzcan en el desarrollo de la investigación", debiendo conservar todos los documentos y el material que se intervengan.
En la resolución, que responde a la petición hecha esta mañana por la Fiscalía, Garzón explica que los hechos se ubican en el ámbito de aplicación del artículo 23.4.c e i de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en relación con la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 1958 y el Convenio de Montego Bay de 1982, lo que "impone la competencia de la jurisdicción española".
Añade que la medida de prisión adoptada se corresponde con la "suma gravedad" de los hechos y que tiene como fin cubrir "las más de 72 horas que, previsiblemente, van a transcurrir (hasta la llegada a España de los detenidos) y que sería el plazo legal de detención para legalizar, previa comparecencia de los imputados", su situación.
El juez se refiere a los detenidos, identificados como Abdu Willy y Raageggesey, como componentes "del grupo armado" autor de la captura del Alakrana, "cuyo carácter en este momento no puede determinarse, con lo cual no se excluye que pueda tener carácter diferente al de mero grupo organizado para la ejecución de secuestros".
Garzón deja así la puerta abierta a la calificación de los hechos como delito de terrorismo, uno de los que contempló en el auto en el que ayer ordenó la incoación del procedimiento judicial, han informado fuentes jurídicas.
El auto hace un relato de lo sucedido desde que, a las 7:52 horas del pasado día 2, se tuvo constancia del secuestro del atunero en aguas internacionales del Océano Índico.
"Una vez capturado y en poder de los piratas, el pesquero inició rumbo hacia las costas somalíes", dice Garzón, que añade que el pasado sábado un avión de patrulla marítima española en misión de reconocimiento "comprobó que del referido carguero faltaba un esquife, un motor fuera borda y una escala".
Tras localizar el bote, en el que viajaban dos de los secuestradores, las Fuerzas Armadas "procedieron al abordaje y detención de los ocupantes de la embarcación", que se detuvo después de que se dispararan varias ráfagas de ametralladora como fuego de intimidación.
Dos embarcaciones neumáticas con marineros de la fragata Canarias se aproximaron al esquife y conminaron a sus ocupantes a que se incorporaran y se trasladaran a proa, pero éstos desoyeron las órdenes.
El jefe del equipo ordenó entonces el abordaje, "momento en el cual una de las personas se levantó brusca y repentinamente iniciando un movimiento sospechoso con la mano, por lo que miembros de las fuerzas asaltantes hicieron dos disparos de intimidación", uno de los cuales alcanzó a uno de los piratas en el pecho, aunque sin afectarle a órganos vitales.
El juez termina recordando que el resto de componentes del grupo al que pertenecen los detenidos "continúa a bordo del pesquero Alakrana y mantienen en su poder a los 36 rehenes miembros de la tripulación y marineros".