El juez suspende el proceso electoral en Caja Madrid a petición de Gallardón
El juzgado de primera instancia número 60 de Madrid emitió hoy un auto de suspensión cautelar del proceso electoral en Caja Madrid, tras la petición presentada por el Ayuntamiento de Madrid y su impugnación del reparto realizado por la comisión electoral de la entidad respecto de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, informaron fuentes jurídicas.
El auto de la juez Inmaculada Vacas establece en concreto "la suspensión del acuerdo adoptado por la comisión de control en funciones de comisión electoral de Caja Madrid en cuanto omite del porcentaje de designación de consejeros generales que corresponden al Ayuntamiento de Madrid en el proceso electoral los designados por la entidad fundadora Patronato Real el 19 de noviembre de 2008".
A su juicio, se evidencia "un peligro de mora procesal caso de no adoptarse la suspensión del acuerdo, pues finalizaría el proceso electoral en perjuicio del Ayuntamiento de Madrid con un número de consejeros por él designados inferior al que le correspondería".
Contra este auto no cabe recurso, pero la caja de ahorros, parte demandada, podrá formular oposición a la medida en el plazo de 20 días contados desde la notificación.
La jueza ha tenido en cuenta la prueba documental aportada por el Ayuntamiento en la que consta que el acuerdo otorga al Ayuntamiento de Madrid la designación de 36 consejeros en la caja, lo cual "no se corresponde con el número que le correspondería en aplicación del artículo 31.2 de la Ley de Cajas y el 13.2 de los Estatutos de la entidad, en su redacción vigente en los meses de octubre y diciembre de 2008", en los que según el Consistorio "se inició y concluyó el proceso electoral correspondiente a la entidad fundadora del Patronato Real".
Asimismo, el texto señala que en esa fecha es cuando consta la comunicación remitida por el jefe de la Casa Real del 19 de noviembre de 2008, en la que indicó que los 64 consejeros que asignan los estatutos a la entidad fundadora, se repartiesen entre los restantes sectores representantes en la Asamblea General de la caja.
De este modo, la juezq valora también la argumentación del Ayuntamiento de que "los consejeros que le corresponderían al Patronato Real debían ser repartidos entre los demás sectores lo que incluía a las corporaciones locales, por lo que finalmente al Ayuntamiento de Madrid le correspondería designar más consejeros".
La Ley de Cajas aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre ya se enfrentó la pasada primavera a un recurso de inconstitucionalidad que obligó a su modificación, aunque no respecto al reparto de los representantes cedidos por la Corona, pese a que el Ayuntamiento siempre defendió su incoherencia respecto a la LORCA.
La Comunidad de Madrid "respeta" la decisión
Un portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid aseguró que España es "un estado de Derecho" por lo que la decisión de la magistrada entra "dentro de la normalidad" y era "lógico" que se pudiera dar esta situación.
Desde el departamento que dirige Antonio Beteta señalaron que el auto dado a conocer hoy "no entra en el fondo de la cuestión" y que, de momento, se está a la espera de que se cite a las partes para escuchar sus distintos puntos de vista.
Además, recordaron que el Ayuntamiento de Madrid también presentó un recurso contra los estatutos de la entidad que en un principio fue admitido por el juez pero que, con posterioridad, no llegó a buen puerto.
Reacciones
El secretario de Política Institucional de CCOO Madrid y consejero general, Jaime Cedrún, que esta resolución judicial reconoce que "había razones para que el Consistorio madrileño presentase una reclamación" contra el reparto de los 64 consejeros que cedió la Casa Real.
Añadió que el citado recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid "se asienta sobre bases sólidas, ya que existía una duda jurídica sobre el citado reparto" y aseguró que existe una "oposición cerrada" por parte de la Comunidad de Madrid para "no facilitar un acuerdo entre todas las partes".
Así, valoró la citada decisión judicial y explicó que desde CCOO ya se planteó que este reparto -distinto al que marcaba la ley que regía cuando la Corona renunció a sus consejeros- suponía "un problema serio" y "pensábamos que lo que había detrás del reparto de la entidad fundadora (la Casa Real) era una trampa para coger poder en el Consejo de Administración de la caja".
Por su parte, UGT confía en que haya una sentencia firme "cuanto antes" que permita que el proceso electoral de Caja Madrid se retome. Un portavoz del sindicato insistió en que UGT respeta absolutamente la decisión judicial, si bien espera que se escuche "en breve" a las partes involucradas.
Además, lamentó que el proceso electoral de la entidad, que iba encaminado a terminar a mediados de noviembre con la renovación de la presidencia, que ocupa Miguel Blesa, esté siendo interrumpido "básicamente por la situación del PP en Madrid".