Análisis del mercado de trabajo

Por qué España destruye más empleo

El IESE sugiere cambios en los contratos, el despido y las relaciones laborales.

Para que España disminuya su tasa de paro se necesita un crecimiento del PIB sostenido durante cuatro o cinco años; el sector de la construcción en España tiene un aporte al PIB superior al resto de países de la UE; la baja cualificación técnica y formación de los empleados dificultan la búsqueda de empleo tras su pérdida; y la rigidez de las relaciones laborales, favorece el desempleo. Además, el elevado número de contratos temporales facilita el despido, al tiempo que la escasez de empleo a tiempo parcial dificulta la incorporación de las mujeres y los jóvenes al mercado laboral.

Este es el preclaro y demoledor análisis del mercado de trabajo español que ha hecho el profesor de la escuela de negocios IESE Sandalio Gómez. Ese estudio responde con las razones antes enumeradas a la pregunta más formulada este año entre los expertos económicos: qué peculiaridades nacionales explican el desproporcionado aumento del paro en España en comparación con el resto del mundo.

España ha experimentado una de las menores caídas del PIB (-4,2%) dentro de la UE y, sin embargo, la tasa de paro ha subido desde el 8,3% a casi el 18%. La mayoría de países europeos con mayores contracciones de sus economías mantienen sus tasas de paro relativamente estables. El mejor ejemplo es Francia, donde el PIB se ha recortado un 5% y el paro apenas aumentó ocho décimas hasta el 8,8%.

Del estudio podría desprenderse que las responsabilidades están repartidas entre los empresarios (que apuestan por la precariedad y el bajo valor añadido); la legislación (por sus supuestas rigideces); y los propios trabajadores (escasamente cualificados). Sin embargo, no se trata de buscar culpables sino de aportar alternativas. Eso es lo que hace el profesor Gómez quien propone principalmente una reforma del modelo laboral. En materia de contratación sugiere cambios como generalizar los contratos indefinidos de fomento del empleo fijo (bonificados y con una indemnización por despido más barata que la ordinaria); potenciar los contratos a tiempo parcial y favorecer la contratación del primer empleo de jóvenes y mujeres.

Movilidad

Asimismo, aboga por incentivar entre los trabajadores la movilidad funcional y geográfica; la flexibilidad de la jornada laboral, la formación permanente y las retribuciones variables ligadas a la productividad. En cuanto al despido, Gómez respalda una idea muy extendida entre los laboralistas: "hay que cambiar la tendencia generalizada de acudir casi siempre al despido disciplinario". Se trataría de evitar que "para despedir de forma segura" el empresario deba "inventarse" una causa disciplinaria.

Para evitarlo propone que cuando el despido se declare improcedente, el trabajador tenga la opción de readmisión en empresas de más de 50 trabajadores. Y apuesta porque la ley concrete más las causas del despido objetivo para usarlo como fórmula mayoritaria. Y sugiere elevar del 10% al 15% los despidos en una plantilla, con un tope de 50 trabajadores, para acudir a un ERE.

'Convenios base cero' y un seguro de paro exigente

Las propuestas de reforma laboral formuladas por el IESE, también afectan a la negociación colectiva, el seguro de paro o la legislación sobre huelgas. En cuanto a los convenios, cree necesaria la creación de un "convenio base cero". Se trataría de que cada cuatro o cinco años partir de cero en la negociación entre patronal o empresa y sindicatos y abordar aspectos como la movilidad funcional, la formación continuada, la polivalencia de funciones, la carrera profesional o las retribuciones fijas y variables. Asimismo, el estudio apuesta por separar qué temas se acuerdan en cada ámbito de la negociación colectiva.

La reforma ideal también recogería, según el IESE, cierto endurecimiento de la prestación por desempleo. De forma que se exija al parado que "esté dispuesto a trabajar en aquellas tareas que les asignen las Administraciones". Finalmente, el informe aboga por una nueva regulación del derecho de huelga y un recorte "paulatino" de cinco puntos las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.