Políticos y sindicatos ven desmedida la pensión del ex número dos de BBVA
La millonaria pensión que BBVA pagará a José Ignacio Goirigolzarri, su número dos durante los últimos ocho años y con más de 30 años al servicio del grupo, no dejó ayer indiferente a nadie. Numerosos miembros de la vida pública consideraron excesivos los tres millones brutos anuales que percibirá el ejecutivo tras dejar el banco.
Las palabras más duras llegaron desde los grupos minoritarios en el Congreso. En IU tacharon de "escándalo" la situación y UPyD la consideraron una "obscenidad". En otras formaciones políticas las palabras fueron más pausadas, pero traslucían malestar. En el PNV señalaron que se trataba de una decisión privada, pero que "no es muy constructivo ni edificante" el mensaje que se traslada a la sociedad.
En las filas del Gobierno la indignación también era palpable. Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, aceptó que sea la entidad quien fije la pensión del directivo pero agregó que espera que desde BBVA "nunca nos den consejos para que congelemos las pensiones o abaratemos el despido". La ministra de Economía, Elena Salgado, estimó en un principio que no corresponde al Ejecutivo "opinar sobre esos temas". Si bien agregó que cabe una "consideración de ética" sobre el hecho de que BBVA haya provisionado 52,49 millones de euros para atender la jubilación de su ex consejero delegado.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, admitió que "es muy complicado de explicar que, con la que está cayendo, se produzcan jubilaciones de este tenor".
Mientras, los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, confrontaron las condiciones de retiro de Goirigolzarri con las demandas de la CEOE de abaratar costes laborales.
Reino Unido limita los 'bonus'
Los cinco grandes bancos del Reino Unido aceptaron limitar los bonus que pagarán a sus directivos tras reunirse con el responsable de Economía, Alistair Darling. HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland y Standard Chartered han suscrito los principios marcados por el G-20 que limitan las cantidades que se destinan a incentivos y los importes que pueden reservar para pagos diferidos. Además, las entidades podrán reclamar de vuelta a sus ejecutivos los bonus si los acuerdos suscritos por ellos resultan contraproducentes.