Aguirre recurre la ley que permite a Cataluña dar permisos de trabajo
La Comunidad de Madrid presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto aprobado por el Gobierno en julio que autoriza a Cataluña y Andalucía conceder permisos iniciales de trabajo a extranjeros.
Según el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, la norma vulnera la Constitución ya que corresponde "al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". El consejero madrileño de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández Lasquetty, se quejó de que las comunidades autónomas que no tienen esa competencia quedarán "a merced de lo que las otras decidan" en términos de extranjería. "La persona a la que una comunidad le conceda el permiso de trabajo inicial podrá irse, más pronto o más tarde, a residir a otra región, por ejemplo a de Madrid, y será ésta la que deberá hacer frente a la escolarización y la asistencia sanitaria", criticó.
Por otra parte, el Ejecutivo madrileño considera que, lejos de facilitar la regularización de inmigrantes, el real decreto complica aún más los trámites burocráticos, "ya de por sí lentos y difíciles". "El inmigrante tendrá que pensar de antemano a qué comunidad quiere venir a trabajar en España, mientras que el empresario que le contrate deberá resolver una maraña de trámites y dificultades", añadió Lasquetty.
Tras la presentación del recurso, el Gobierno central aseguró que la norma que transfiere a Cataluña y Andalucía la competencia sobre la emisión y gestión de los permisos iniciales de trabajo para inmigrantes "respeta el reparto competencial establecido en la Carta Magna".
84.000 nuevos españoles en un año
Unos 84.000 inmigrantes obtuvieron el año pasado la nacionalidad española por residir en el país durante un período de tiempo determinado que va desde los dos años que se exige a los nacidos en países iberoamericanos y antiguas colonias españolas, hasta los diez que, como regla general, se requiere a todos los extranjeros.Según datos del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General del Registro y Notariado, desde el año 2000 han jurado la Constitución un total de 386.863 foráneos que cumplían estos requisitos de residencia continuada y legal en España.