A fondo

Las eléctricas se queman con el carbón

La reverencia histórica (léase, pavor) que los sucesivos Gobiernos han mantenido hacia la minería del carbón ha supuesto y supone un alto coste para el contribuyente. Cada año, a través de los Presupuestos del Estado, se destinan a las comarcas mineras, especialmente a las de Asturias y León, unos 1.500 millones de euros, a los que hay que sumar más de 100 millones que reciben vía tarifa eléctrica. Este engranaje de ayudas para compensar la escasa competitividad del mineral, ha gozado de una aparente normalidad económica gracias al papel de las compañías eléctricas, sobre todo Endesa y Fenosa, que se han visto obligadas a comprar cada año unos seis millones de toneladas de carbón nacional para producir electricidad en las centrales térmicas ubicadas en dichas zonas.

Aunque el sistema de ayudas se ha ido modificando (hasta 1998 se pagaba todo a través de la tarifa y, tras una intervención de Bruselas, vía Presupuestos) el statu quo se ha mantenido gracias al poder de las empresas mineras para movilizar a su plantilla. Y es que, en este caso, los intereses de trabajadores y empresarios coinciden plenamente.

Pero el sólido mecanismo amenaza con saltar por los aires. Endesa, a finales de julio, y Fenosa, a comienzos de septiembre, decidieron cerrar las puertas de sus principales plantas (Compostilla y La Robla, respectivamente) a los camiones procedentes de las minas, tras el colapso de sus almacenes. Más de siete millones de toneladas siguen sin quemar, según las compañías, porque desde hace meses la producción no logra competir en el mercado mayorista (pool) y quedan fuera de las subastas.

La desaparición a finales de 2007 de las ayudas que también recibían las eléctricas para sus térmicas de carbón (la modificación de la llamada garantía de potencia las dejó sin unos 900 millones de ingresos), pero, sobre todo, la crisis económica ha llevado a esta situación. La recesión ha ensanchado la brecha competitiva entre los precios del carbón de importación (10 euros/ tonelada más barato que el nacional) y ha provocado el derrumbe de la demanda, que podría cerrar el año con una caída media del 3%.

Aunque esta es la explicación que insistentemente ofrecen las empresas, tampoco conviene olvidar que las dos principales afectadas, Endesa y Fenosa, cuentan desde este año con nuevos accionistas mayoritarios, que han logrado el control de su capital (a los precios de la burbuja bursátil) previo lanzamiento de sendas opas por el 100%.

Endesa, propiedad de la italiana Enel, y Fenosa, recientemente absorbida por Gas Natural, se han negado a vender en el pool la producción de sus centrales de carbón nacional para evitar unas pérdidas, respecto al mineral foráneo, que calculan en 10 euros MWh.

¿Hubieran hecho lo mismo los anteriores propietarios? ¿Están tensando la cuerda ambas empresas para obligar al Gobierno a buscar una solución de largo alcance para el sector del carbón aprovechando la crisis? Cuestiones de difícil respuesta, que las empresas rechazan.

Por el momento, y ante el colapso que ha llevado a las propias empresas mineras a almacenar el carbón en sus terrenos, el Ministerio de Industria negocia una solución al conflicto.

Pese al elevado nivel de la representación de las empresas en la primera reunión mantenida con Industria la semana pasada (todos los presidentes o consejeros delegados de las grandes eléctricas estuvieron presentes), a ella no acudió el ministro, Miguel Sebastián. Sólo tuvieron enfrente al secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y al recién incorporado director general, Antonio Hernández, quien en su toma de posesión reconoció "no saber nada" de energía.

La solución que se planteó, de entrada, quebró el ánimo de los presentes: el Gobierno quiere compensar los menores precios del carbón nacional a través de la tarifa (mediante una garantía de potencia o asignando más derechos gratuitos de CO2) "con resultado neutro". De este modo, las empresas, que deben quemar el stock de carbón acumulado y comprar el que le corresponda en 2010, no perderán dinero pero se quedarían sin margen comercial. Y verían reducir sus ingresos por otra vía: la de la producción cesante de otras tecnologías más rentables.

Todo ello, según el plan del Gobierno, supondría sacar del pool la producción con carbón, para el que se fijaría un precio regulado (sólo las energías del régimen especial están fuera del mercado). La solución es un caramelo envenenado, pues las compañías auguran además un derrumbe de precios en el pool, que se quedaría sin el carbón.

El temor de las eléctricas a represalias de la CE les ha llevado a proponer que las ayudas se canalicen a través de las empresas mineras y que, a cambio, éstas les proporcionen carbón a buen precio. Además, se librarían de Bruselas.

Las tentaciones de rechazar la propuesta son grandes. Sin embargo, todo indica que las partes se someterán a las viejas reglas del juego del poder. Más o menos, ésta sería la secuencia: el Gobierno presionará a las eléctricas ante el temor a una revuelta minera; éstas se verán obligadas a aceptar otra solución-parche a las que acostumbra Industria e intentarán obtener algo más cambio. Y la factura, al consumidor.

Sin mucha esperanza, hay quien solicita un plan más racional para un mineral autóctono necesario para garantizar el suministro: apoyar a las minas de interior (que desaparecerán si se abandona la explotación) frente a las cielo abierto, que no corren peligro.