Los Inspectores de Hacienda advierten que una subida del IVA puede suponer más fraude fiscal
El anuncio por parte del Gobierno de incrementar en 15.000 millones de euros los impuestos para poder hacer frente a la crítica situación de las Finanzas Públicas, con medidas como el aumento de Impuestos Especiales y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), podría suponer un incremento del fraude fiscal en nuestro país, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Entre las subidas en las figuras impositivas que se contemplan para hacer frente a esta situación de "emergencia fiscal" se ha introducido en los últimos días la posibilidad de aumentar la imposición indirecta, es decir, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Tal y como explican desde la organización, el gran incremento que se espera conseguir vía aumento de impuestos -15.000 millones de euros, ya adelantados por IHE en el mes de junio - no se podrán conseguir sólo con los Impuestos Especiales, por lo que expertos económicos prevén que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) experimentará una subida de alrededor de dos puntos. Si bien es cierto que, hasta el momento, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, no ha confirmado este punto, sí ha admitido que esta posibilidad se encuentra en estudio.
"Existe un debate público sobre la justicia de la imposición indirecta que, en principio, recae indiscriminadamente sobre el consumo de las personas sin tener en cuenta su nivel de renta, pero han aparecido expertos económicos que entienden que este aumento en el IVA es la menos mala de las soluciones para que la Hacienda Pública incremente sus ingresos, ya que con ello se prima el ahorro y se fomenta que las empresas exporten, lo que, en principio, es positivo para el crecimiento económico", añaden.
Con independencia del planteamiento de política fiscal que defienda cualquier opción política, es evidente que una subida de impuestos sólo puede estar justificada si se consigue el objetivo primordial de incrementar los ingresos públicos, generando el mínimo de distorsiones en el mercado. Sin embargo, para Inspectores de Hacienda (IHE) y en las actuales circunstancias, no está claro que esto vaya a ser así, de no tomarse otras medidas adicionales.
En general, el IVA es un impuesto que recae sobre el consumo. Sin embargo, por su mecánica, con este impuesto se exige a las empresas que vendan sus productos y servicios y se lo repercutan a los consumidores. Esto implica que una condición básica es que las empresas puedan repercutir este incremento en el consumidor final.
Los Inspectores consideran que si ante la ausencia de demanda, las empresas no pueden repercutir este incremento en los consumidores, el impuesto - de ingresarse - supondrá un "recorte del margen de la empresa, con independencia de que tenga beneficios o pérdidas. Si por esta razón, o por cualquier otra, el impuesto no se ingresa y se defrauda, no se habrá conseguido mejorar la situación financiera de la Hacienda Pública y, sin embargo, se habrá producido una importante distorsión y competencia desleal en el mercado".
La misma fuente añade que muchas empresas se han visto obligadas a reducir los precios y márgenes, incluso en productos tradicionalmente de demanda muy rígida, como por ejemplo, la alimentación. En estas condiciones, un incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido puede suponer un coste mayor para las empresas, más que un aumento del precio a pagar por el consumidor final. En estas condiciones, las posibilidades de que el IVA no se llegue a ingresar efectivamente en la Hacienda Pública por defraudación o quiebra de la empresa, aumentan de forma importante.
En España, la última subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (del 15 al 16%) tuvo lugar en plena crisis de 1993 (entrada en vigor 1-1-1995) y ello no se tradujo en un incremento de la recaudación, sino en un incremento exponencial del fraude fiscal, que llevó a una menor recaudación. Por otra parte, como ya advirtió la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en septiembre del año pasado, durante 2008 se produjo una caída de recaudación del IVA que sólo se podía explicar por el aumento del fraude fiscal y de la economía sumergida.
Aunque es cierto, como indican algunos expertos, que la Administración Tributaria funciona con más eficacia que en 1993, desafortunadamente también los defraudadores han sofisticado sus métodos y procedimientos desde entonces, con lo que el riesgo de fraude no ha disminuido.
Un impuesto muy sensible a la defraudación
Los Inspectores de Hacienda (IHE) llevan observando desde hace meses un importante incremento de la defraudación del IVA (y también del Impuesto de Sociedades), a través de facturas falsas, en muchas ocasiones originadas por la utilización abusiva del régimen de módulos, lo que denota que el IVA es uno de los impuestos cuya recaudación es más sensible a la defraudación.
Además, en el último año se ha tomado la decisión de no implantar con carácter obligatorio el envío de los libros registro de IVA por Internet, lo que hubiese supuesto una gran herramienta en la lucha contra el fraude. Sin embargo, sí se ha implantado el régimen de devolución mensual, que impone unas obligaciones adicionales de control a la Agencia Tributaria para conseguir que no se paguen indebidamente fondos públicos. Esta presión en el ámbito de las devoluciones es cada vez mayor, debido a la ausencia de liquidez de empresas y familias. Por razones de mecánica del impuesto, un incremento del tipo supone un mayor importe de las devoluciones.
Por todas estas razones, Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que un incremento de los tipos del IVA complicará las labores de la Administración Tributaria. Si no se toman medidas adicionales y no se dota con mayores medios materiales y humanos a la Agencia Tributaria, no es probable que el aumento del IVA se vaya a traducir en mayor recaudación, sino en más fraude y en una mayor competencia desleal a las empresas honradas, por parte de los defraudadores.
Además, todos estos mayores medios de control deberían ir necesariamente acompañados de una reforma de algunos sistemas de defraudación, como la utilización abusiva del régimen de módulos, o contra la utilización de tramas de defraudación intracomunitarias.