Tribunales

Los 'Albertos' rechazan ser juzgados por estafa procesal tras su absolución en Urbanor

Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, sentados desde hoy en el banquillo de los acusados por usar una supuesta carta falsa para intentar que el Tribunal Supremo revisara su condena en el caso Urbanor, rechazan ser juzgados por intento de estafa procesal al entender que vulneraría sus derechos fundamentales.

Alberto Alcocer y Alberto Cortina, en una imagen de 2002
Alberto Alcocer y Alberto Cortina, en una imagen de 2002

Así lo plantearon los abogados de los dos primos durante las cuestiones previas que se propusieron al inicio del juicio oral en la Audiencia Provincial de Madrid, y en las que también reclamaron que se considere prescrito el delito de falsificación de la carta, además de pedir que declare como testigo el ex administrador de KIO Richard Robinson, lo que fue aceptado por el tribunal.

En relación a la acusación de estafa procesal en grado de tentativa, el abogado de Alcocer argumentó que, al no estar ya condenados los dos primos por el caso Urbanor -el Tribunal Constitucional les absolvió en 2008 por prescripción del delito, anulando la sentencia del Supremo-, sería "imposible" que hubieran cometido dicho delito al haber presentado la carta.

"No puede haber daño cuando lo que se pretende es intentar anular una sentencia que ya es nula", sostuvo el letrado Víctor Moreno, que insistió en que la absolución dictada por el Constitucional y asumida por el Supremo en junio de 2008 "desvanece un elemento esencial" para la existencia del delito de estafa procesal.

Moreno, al que se adhirió el abogado de Cortina, defendió que tampoco puede haber intento de estafa procesal, ya que la actuación de los dos primos en relación a la presunta carta falsa no generó perjuicio patrimonial para sus socios en Urbanor, entre ellos, el arquitecto Pedro Sentieri y el constructor Julio SanMartín.

También aseguró que, si no se anularan las actuaciones en relación a ese delito, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y al de presunción de inocencia de su defendido, que tiene "derecho a no ser acusado de un delito imposible" y a no ser juzgado por "hechos de un proceso anterior, que ha acabado con sentencia absolutoria".

Esta petición fue rechazada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, que representan a los socios de "Los Albertos" en Urbanor, entre ellos, el arquitecto Pedro Sentieri y su socio Luis García Alarcón y el constructor Julio SanMartín.

"El intento de estafa procesal no se puede reducir a la intención de que se revisara la sentencia condenatoria del Supremo en el caso Urbanor, sino que era un intento de engañar a los jueces para que se condenara a Sentieri y SanMartín por un delito de falso testimonio", explicó el abogado de Julio SanMartín, Alfonso Trallero.

La letrada Luisa Ramón, que representa a Luis García Alarcón, también insistió en que la intención de los dos primos "era la de estafar, engañar, causar un perjuicio económico y obtener una ventaja".

Tanto "Los Albertos" como los representantes de otros tres acusados (la documentalista Gloria Álvarez y los hermanos Francisco Javier y José María Arnaiz) también sostuvieron que el delito de falsificación del documento ha prescrito, a lo que se opuso el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares.

"No concurre en el procedimiento dicha prescripción porque el delito de falsedad en documento privado está conexo con otros delitos, toda vez que obedece a un mismo ánimo", sostuvo el fiscal Lorenzo Bernal.

Los representantes de Pedro Sentieri (Marian Estrela) y Julio SanMartín (Alfonso Trallero) también destacaron que no se puede tener en cuenta la fecha en la que está datada la presunta carta falsa, el 2 de octubre de 2000, ya que la Guardia Civil no pudo certificar la verosimilitud de la datación.

Las acusaciones particulares también rechazaron los argumentos de las defensas de que se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial y de que ha existido contaminación en el proceso, que esgrimió sobre todo el representante de Ramón Hermosilla, uno de los abogados de "Los Albertos" acusado también en el caso de la carta falsa.