A la 'ley contenedor' le cuesta romper aguas
Tan aficionado que es a poner fechas, el presidente del Gobierno anunció el miércoles en el Congreso que el 16 de octubre el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de Economía Sostenible, conocido ya en la jerga gubernamental como la ley contenedor por el abultado número de viejas iniciativas que en ella se depositarán. Sin embargo, lo más probable es que ese día vez la luz sólo el anteproyecto, para ser luego sometido a información pública, al dictamen del Consejo de Estado y, posteriormente, al filtro de la Conferencia de presidentes autonómicos que La Moncloa convocará a finales del mes que viene.
La ley, uno de los proyectos estrella de Zapatero para refundar el denostado modelo de crecimiento conocido hasta ahora, está abriéndose paso a trompicones bajo la coordinación del jefe de la Oficina Económica, Javier Vallés, y la pluma redactora del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. Según fuentes socialistas, han surgido problemas porque la mayoría de los ministerios afectados, nueve en total, no ha respetado las dos únicas condiciones puestas por Zapatero para introducir en el puzle todas las piezas que pueden contribuir en el futuro a que la actividad económica se asiente más en la innovación y el valor añadido que en el ladrillo. Estas dos condiciones son: que ninguna de las iniciativas promovidas por cada ministerio aumente el gasto público y, en segundo lugar, que tampoco necesiten de mayores recursos humanos para su gestión, entre otras razones porque la crisis obligará en 2010 a un recorte radical de la oferta pública de empleo. La consigna impartida desde Moncloa hace unos meses fue: lo que pueden hacer tres direcciones generales, mejor que lo haga una sola.
La inercia ministerial ha provocado que buena parte de los componentes del Consejo de Ministros haya intentado aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para introducir en el contenedor buena parte de los programas que hasta ahora han dormido en los cajones por la falta de recursos. La mayoría de ellos han chocado contra los muros de Moncloa como si se tratara de un frontón, filtro que ha creado no pocas tensiones y, en última instancia, el retraso en la elaboración del proyecto de ley. Por eso la intención de Zapatero es que la fecha del 16 de octubre actúe como referencia obligada para todos los que participan en este proyecto estrella.
La norma afecta a nueve ministerios y parte de su desarrollo dependerá de las comunidades
Del contenido de la ley revelado hasta ahora por los sindicatos y por el propio presidente del Gobierno, se conoce que los ministerios concernidos son los de Economía, Industria, Educación, Ciencia e Innovación, Medio Ambiente, Vivienda, Trabajo y Fomento, además de la Vicepresidencia primera, bajo cuyo manto se han colocado las competencias sobre administraciones públicas. Como poco, las comunidades autónomas tendrán que aportar sus sugerencias sobre una docena de aspectos que regulará la ley, referidos a educación, formación, innovación, organismos reguladores, rehabilitación de viviendas, eficiencia energética y planes de movilidad urbana. De una u otra forma, tienen cedidas competencias parciales o totales sobre estas materias, por lo que el éxito de su desarrollo está vinculado a la voluntad de los distintos gobiernos autonómicos, informan las mismas fuentes.
El desarrollo de la ley dependerá de cada ministerio, por lo que es fácil anticipar que tendrá varias velocidades. En todo caso, hay numerosas voces, de las que saben, que intuyen que los efectos no se notarán hasta el final de la legislatura, salvo aquellos que tienen que ver con las inversiones de corto plazo que se destinarán de nuevo a los ayuntamientos para nutrir el denominado Fondo Local. Este Fondo parte de una primera inversión de 8.000 millones, ya casi agotada, y tendrá continuidad con otra de 5.000 millones que irán a parar a obras más volcadas en la innovación tecnológica que en el pavimentado de calles. En un informe de Analistas Financieros Internacionales conocido el viernes, se apunta que este Fondo no puede compensar por sí solo la influencia de los factores estacionales sobre el desempleo, que seguirán siendo negativos en lo que queda de año. La ley de Economía Sostenible prevé también un segundo Fondo, dotado con 20.000 millones de euros, que deberá ser financiado por el Instituto de Crédito Oficial y la banca privada para ayudar a las empresas que contribuyan al I+D+i, al ahorro energético y al desarrollo de aquellos servicios vinculados a la dependencia.
En el PSOE no se oculta que una parte importante del contenedor se llenará con iniciativas anunciadas por Zapatero al inicio de su primera legislatura. La reducción de las cargas administrativas, la agilización de los contratos públicos, la regulación económica de las administraciones para procurar una mayor transparencia o la reducción de los trámites para la creación de empresas son proyectos que pilotó el ex ministro Jordi Sevilla en su etapa como titular de Administraciones Públicas y que, con posterioridad, ralentizó la actual vicepresidenta económica cuando le relevó en el cargo.
El abuso de la mercadotecnia, se reconoce en el entorno del Gobierno, también forma parte de la futura ley de Economía Sostenible, el contenedor donde el presidente tiene depositadas sus esperanzas para ordenar todas aquellas medidas que pueden actuar como revulsivo para la recuperación económica y el empleo.