CEOE quiere resucitar el antiguo contrato temporal de tres años
La patronal pedirá al Gobierno que implemente un contrato temporal similar al antiguo "fomento de empleo", que permitía encadenar seis contratos de seis meses hasta un máximo de tres años.
La Comisión de Industria de la CEOE ha elaborado un Plan de Competitividad Industrial (ver CincoDías de ayer) que contempla 120 medidas para mejorar la capacidad del sector manufacturero. Entre las propuestas se incluye un capítulo dedicado al marco laboral con una veintena de actuaciones que, en opinión de los empresarios, pueden contribuir a que la industria supere la crisis.
En el documento, la patronal solicita la creación de un "contrato temporal del estilo al antiguo fomento de empleo, de hasta tres años de duración", que se puso en marcha en los ochenta y desapareció a mediados de los noventa. Actualmente sólo funciona para trabajadores con discapacidad. Esta modalidad permitía contratar de forma eventual sin causalidad, siempre que estuviesen destinados a colectivos como jóvenes, mayores de 45 años o mujeres, por periodos de seis meses con la posibilidad de encadenar hasta seis contratos seguidos. Lo que implicaba un total de tres años.
Este contrato disparó las tasas de temporalidad y se sustituyó por el de fomento de la contratación indefinida que reducía el coste del despido de 45 a 33 días para estos mismos colectivos.
La patronal justifica la reedición de esta modalidad temporal en que "dotaría así a las empresas de una mayor flexibilidad y de mayor estabilidad a los trabajadores". Además, el documento elaborado por la Comisión de Industria de la CEOE propone alternativamente a este contrato un segundo, igualmente eventual, de "mayor duración que los actuales, ligado a la vida media del producto y más próximo a la evolución de los ciclos económicos".
La apuesta por la temporalidad del Plan de Competitividad Industrial (fechado en julio de 2009) contrasta con la línea mantenida por la patronal en el documento de 23 de julio -por tanto, coetáneo- elaborado para el frustrado diálogo social. En este último, se considera como un "objetivo perseguible que el empleo sea lo más estable posible", y defiende que se preserve el uso racional del contrato temporal en la línea de otros países europeos. De hecho, la CEOE ha propuesto recientemente un contrato fijo con unos costes de despido de 20 días.
Junto a las nuevas fórmulas de contratación, el Plan de Competitividad planteará al Gobierno una batería de medidas para reducir los costes laborales. Entre ellas, las cotizaciones sociales o las prestaciones de Incapacidad Temporal por contingencias comunes, con la pretensión de que la Seguridad Social se haga cargo de las prestaciones desde el cuarto día de la baja.
Igualmente, la patronal pretende fomentar la contratación a tiempo parcial, para lo cual sugiere incrementar las bonificaciones actuales.
Un plazo de dos años
Otra de las novedades laborales relevantes del plan de la CEOE es su solicitud de renovar el actual contrato de relevo. Pretende un uso más flexible, para lo cual sugiere que los contratos se produjesen en un momento posterior a la jubilación del trabajador fruto del relevo. Concretamente, plantea la posibilidad de establecer un plazo de dos años. Respecto a los ERE temporales, la patronal denuncia los retrasos en cobrar la prestación por desempleo que sufren los empleados sometidos a estos procesos. Para paliar tal perjuicio, propone el pago delegado o en su defecto que se agilice el cobro. Y en los ERE de extinción de empleo, pide la exención fiscal de las cantidades percibidas por los trabajadores por encima del límite legal establecido.
Un inspector médico especial para atajar el absentismo
La patronal advierte de la gravedad que supone el absentismo laboral, tanto por los costes económicos que acarrea, como por los desajustes organizativos que conlleva. Por eso, solicita al Gobierno que adopte una batería de medidas muy concretas que contribuyan a reducir la falta de asistencia injustificada de los empleados a su puesto laboral.Algunas son demandas tradicionales de la CEOE, como una mayor participación de las empresas en la gestión de las bajas o un papel relevante de las mutuas en las altas de los enfermos. Otras son novedosas, como la asignación de un inspector médico (identificable, al que dirigirse) para las grandes empresas. O incluso que los médicos de las mutuas puedan expedir recetas de la Seguridad Social. Aunque lo que los empresarios reclaman es un mayor control en la concesión y el seguimiento de las incapacidades laborales.
Supresión de la autorización administrativa en los ERE
El Plan de Competitividad Industrial incluye entre las medidas dedicadas al fomento del empleo y la contratación la supresión de la autorización administrativa que debe preceder a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).La patronal argumenta para la desaparición de este control que España es, junto con Holanda, el único país que exige esta autorización en la Unión. Y defiende que debería quedarse circunscrito a un procedimiento reglado de negociación y consulta entre empresa y trabajadores. Es decir, sin una autoridad superior que intermedie en la negociación de las partes.En la ruptura del diálogo social de julio, Gobierno y sindicatos acusaron a la patronal de querer terminar no sólo con esa autorización administrativa, sino también con la judicial en el caso de los despidos individuales o de los conflictos sociales, algo que negaron reiteradamente los dirigentes de la CEOE.