Telecom Italia deberá desprenderse de todos sus activos en Argentina
Telecom Italia deberá desprenderse de todos sus activos en Argentina, que incluyen un 50% de la matriz de la operadora Telecom Argentina, ha informado la Comisión Nacional de la Competencia (CNDC).
El organismo antimonopolio argentino concluyó en su investigación que la entrada de Telefónica de España en el capital de Telecom Argentina a través de su accionista Telecom Italia "afecta a la competencia".
"La comisión (...) forzará a Telecom Italia a vender todos los activos en la Argentina", afirmó el vicepresidente de la CNDC, Humberto Guardia Mendoza, citado por el diario 'La Nación'. "Decidimos que la operación afecta la competencia", agregó el funcionario.
Telecom Italia posee el 50% de Sofora, la empresa que controla de Telecom Argentina. El Grupo Werthein, que controla el otro 50%, afirmó recientemente que estaría dispuesto a evaluar la compra de la participación de Telecom Italia si se pusiera en venta.
Fuentes del mercado también mencionan al conglomerado de medios Clarín y a la Corporación América como interesadas en comprar la parte de Telecom Italia. Telecom Argentina y Telefónica de Argentina, controlada por el grupo Telefónica, son los principales operadores de telefonía fija de Argentina y dos jugadores centrales en el segmento de telefonía móvil.
Fuentes del mercado valoraron recientemente la participación de Telecom Italia en Sofora en unos 300 millones de euros. Un consorcio integrado por Telefónica, los bancos Intesa Sanpaolo y Mediobanca, la aseguradora Assicurazioni Generali y la familia Benetton adquirió en el 2007 un 24,5% de Telecom Italia, con lo que pasó a ser accionista indirecto de Telecom Argentina.
El Gobierno argentino inició posteriormente una investigación para determinar si esa operación, que dejaba al grupo español con participación en ambas operadoras locales, afectaba la competencia en el mercado doméstico de las telecomunicaciones.
Telecom Italia dijo el mes pasado que evaluaba vender su filial en Argentina ante el perjuicio que le han generado decisiones "arbitrarias" del Gobierno.