Televisión

La TDT de pago sólo añadirá 325 millones anuales a todas las teles

El Gobierno cree que así se aliviará su situación financiera.

El Gobierno ha justificado la aprobación urgente del real decreto-ley que da luz verde a la TDT de pago aludiendo a la necesidad de articular una nueva alternativa de ingresos para las televisiones en un momento de crisis como el actual. "Resulta urgente, por tanto, abrir ... una vía alternativa de generación de ingresos para los operadores privados del servicio de televisión, que les posibilite aliviar la situación financiera en la que se encuentran como consecuencia de la crisis económica internacional, coadyuvando a la sostenibilidad económica y financiera de los mismos", recoge la exposición de motivos de la norma.

La memoria económica que el Ejecutivo ha adjuntado al texto da una idea de lo que supondrán esos ingresos adicionales. En este anexo (un único folio), el Gobierno estima que la TDT de pago permitirá ingresos adicionales a "radiodifusores, instaladores y gestores de transmisión de la señal" de 1.300 millones de euros en los primeros cuatro años de funcionamiento. Es decir, que la facturación adicional que podrán sumar, como máximo, las televisiones será de 325 millones anuales. Teniendo en cuenta que hay seis operadores de TDT, como mucho cada uno ingresará 54,1 millones de media más al año. La facturación de las grandes televisiones ronda los 1.000 millones de media.

En conjunto, el Ejecutivo espera que la TDT de pago tenga un impacto positivo de 5.000 millones en los próximos cuatro años, según las estimaciones del Observatorio nacional de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Del total, 1.300 millones irán a parar a los sectores ya mencionados y 2.600 millones más a fabricantes de televisiones, equipos de acceso condicional y descodificadores. Sólo estos últimos se llevarán 1.400 millones. Además, el conjunto de productores de contenidos se beneficiarán de 750 millones adicionales de facturación, mientras que los 350 millones restantes se los repartirán, en cuatro años, "grandes distribuidores, el sector financiero, las empresas de publicidad y las de servicios de atención al cliente", según la memoria económica.