La Policía busca en la sede de la FEMP vínculos con el 'caso Gürtel'
Agentes de la Policía se personaron esta mañana en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para pedir documentación sobre contratos de la etapa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución.
Según confirmaron fuentes de la FEMP, en la sede del organismo había esta mañana escaso personal dadas las fechas de agosto. Al parecer, se trata de documentación reclamada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la 'operación Gürtel'.
Según la Cadena SER, se trataría de contratos firmados con la FEMP con empresas de la trama de Rafael Correa cuando era 'número dos' de la institución Alvaro de la Cruz, entre los años 1999 y 2003.
La FEMP ha dicho que entregará "en los próximos días" toda la información requerida por la Policía Judicial que obre en sus archivos. "La FEMP desea manifestar su voluntad de colaboración con la justicia y en este sentido hará entrega en los próximos días de toda la información requerida que obre en los archivos de la Federación", dijo en un comunicado la institución que preside el socialista Pedro Castro.
Sin embargo, precisó que la FEMP conserva en sus archivos las facturas de estos trabajos pero no los contratos. "Intentamos buscar los soportes que gestionasen las facturas que encontramos, pero lo que no ha quedado ha sido ni un solo contrato, o al menos no lo han visto los técnicos de la FEMP. Quedan las facturas, pero no los soportes ni los contratos", explicó Castro.
En una reciente entrevista con Europa Press, el presidente de la Federación aseguraba que la institución no investigaría los contratos realizados durante la etapa de mandato de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con empresas relacionadas con la trama de corrupción 'Gürtel', pero guarda todos los documentos que posee para ponerlos a disposición de la justicia si fuese necesario.
Castro repasó en la entrevista la situación de la Federación después de que saliese a la luz que una de las empresas con las que operaba el grupo del presunto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, facturó casi 300.000 euros a la FEMP entre junio de 2000 y diciembre de 2003.