La deuda aplazada a la Seguridad Social y Hacienda supera los 16.500 millones
La falta de liquidez y las dificultades económicas han disparado el importe de los aplazamientos que los contribuyentes solicitan a la Agencia Tributaria, que ascendieron a 9.580 millones en 2008, un 63% más que el año anterior. A esta cifra hay que sumarle las solicitudes realizadas a la Seguridad Social para dilatar el pago de cuotas, que suman 7.000 millones hasta junio.
Los datos de la memoria de la Agencia Tributaria que Hacienda publicó ayer reflejan los problemas de tesorería que sufren las empresas. En 2008, 656.000 compañías pidieron retrasar el pago de su deuda con Hacienda, un 30% más que el año anterior. Sin embargo, la principal diferencia respecto a ejercicios pasados es el importe que solicitaron aplazar, que ascendió a 9.500 millones, el nivel más alto de la historia y un 63% más que en 2007.
"El deterioro económico incide sobre los ingresos desde distintos ángulos y, en particular, la necesidad de liquidez y las dificultades financieras de las empresas han provocado un fuerte incremento de aplazamientos de deudas tributarias", sostiene la memoria. En los meses de noviembre y diciembre de 2008, las empresas pidieron aplazar 4.200 millones. Es decir, en la parte final del año se registraron casi la mitad de aplazamientos de todo 2008.
En el primer trimestre de este ejercicio, los aplazamientos ya superaron los 3.000 millones. Y la cifra no cesa de aumentar. Entre otros motivos, porque el Gobierno aprobó ampliar de 6.000 a 18.000 euros el límite para retrasar deuda sin necesidad de presentar ningún aval o garantía. Según los datos del Gobierno, esta reforma supone que Hacienda concede sin aval el 95% de las peticiones para postergar deuda que le llegan.
Por otra parte, hasta junio, las empresas solicitaron demorar el pago de unos 7.000 millones en cuotas a la Seguridad Social. De hecho, se destinaron 8.000 millones del Fondo de Reserva de las pensiones para hacer frente a dichos aplazamientos, una cifra que se obtendrá antes de finalizar el año. Una vez alcanzado ese nivel, la Seguridad Social será mucho más estricta a la hora de conceder nuevos retrasos.
La Agencia Tributaria, en cambio, sigue una política más flexible. La mayor parte de las peticiones para dilatar el pago de la deuda fiscal se conceden. El impuesto de sociedades y el IVA suelen acaparar la mayoría de solicitudes de aplazamiento. Las compañías también pueden pedir postergar el pago de las retenciones del IRPF. Aun así, en estos casos, la empresa debe justificar que ese gasto comprometerá su capacidad productiva o los puestos de trabajo. Por regla general, era muy difícil que Hacienda concediera este tipo de demoras, sin embargo, con la crisis, la Administración ha variado su postura.
Para solicitar un aplazamiento, las empresas deben entregar toda la documentación que sirva para justificar la necesidad de retrasar el pago. Entonces, la Administración comprueba si existen problemas reales de tesorería. Además, antes de otorgar o rechazar un aplazamiento, se comprueba el expediente fiscal de la compañía para saber si tiene otras deudas pendientes.
Los ingresos por delito fiscal caen un 42%
Los ingresos de Hacienda por delito fiscal ascendieron a 500 millones de euros, un 42% menos que el año anterior. Sin embargo, la recaudación directa por actuaciones de control de Hacienda -que no tienen consideración de delito- alcanzó los 6.518 millones de euros, casi un 10% más que en 2007.Los inspectores, hasta 2008, se centraban en el sector inmobiliario. Sin embargo, la crisis ha provocado que el número de contribuyentes inspeccionados de la construcción pasase de 8.500 en 2007 a un total de 7.700 en 2008.Aun así, la deuda liquidada en el sector inmobiliario se ha incrementado un 7,5%. Hacienda ha ingresado 1.315 millones por actuaciones de inspección en el sector inmobiliario. Aunque buena parte de este dinero corresponde a investigaciones iniciadas años atrás. Más allá de la construcción, la Agencia Tributaria inspeccionó en 2008 a 25.000 contribuyentes.
Un 5% de intereses
Pedir un aplazamiento conlleva un coste financiero. Se aplica el llamado tipo de interés de demora, que actualmente se encuentra en el 5%. Hasta el pasado mes de abril se situaba en el 7%, pero el Gobierno accedió a modificarlo ante las presiones empresariales.