El Banco de España urge a las regiones a comprometerse en la reducción del déficit

El Banco de España recuerda que enderezar las deterioradas cuentas públicas pasa por comprometer a las comunidades autónomas en la reducción del déficit, que este año alcanzará el nivel más alto de su historia. También considera fundamental "recortar el gasto improductivo".

El Gobierno prevé que este año el déficit fiscal alcance el 9,5% del PIB y se ha impuesto el objetivo de regresar al nivel del 3% en 2012. ¿Es eso posible? Como mínimo, resulta poco creíble al observar la evolución histórica de las cuentas públicas, ya que nunca se ha logrado, al menos en democracia, reducir en tan poco margen de tiempo 6,5 puntos el déficit.

"La magnitud de la corrección prevista en tan corto espacio de tiempo exige una ejecución presupuestaria muy estricta y la adopción de medidas ambiciosas", apunta el último informe del Banco de España, que recuerda que "es importante que todas las administraciones, y, dada su participación en el gasto público, en particular las comunidades autónomas, contribuyan activamente a la recuperación de la senda de consolidación fiscal y de estabilidad presupuestaria". El informe del Banco de España pone el acento en algo que a menudo se olvida. Del total del gasto público, las comunidades gestionan un 36%. Una cifra nada desdeñable y que irá en aumento, ya que el envejecimiento de la población y la crisis requieren un mayor esfuerzo en el gasto en sanidad y servicios sociales, competencias que recaen en los Ejecutivos autonómicos, cuya situación financiera también resulta preocupante. Ángel Laborda y María Jesús Fernández, en un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), sostienen que los objetivos del Gobierno "parecen harto inconsistentes". Y avisan: "La economía española se enfrenta a un problema grave de déficit público insostenible, que se acentuará a medio y largo plazo por los efectos del envejecimiento de la población sobre el sistema sanitario y de pensiones". La solución, para ambos expertos, pasa por elaborar un "programa de consolidación fiscal a medio plazo creíble".

Y es que las finanzas públicas han entrado en un círculo vicioso y peligroso que elevará considerablemente la deuda del Estado. Las cuentas públicas sufren los efectos de una tormenta perfecta: por un lado, la crisis económica ha provocado una caída sin precedentes de los ingresos fiscales y, por el otro, el incremento del paro provoca que los gastos de la Administración se disparen para hacer frente a las prestaciones por desempleo.

Una solución de manual

Ante la situación que sufren las finanzas públicas, la solución de manual es clara, aunque difícil de realizar en estos días: recortar el gasto público. Sin embargo, todos los Gobiernos occidentales, lejos de tomar esa medida, se han visto obligados a inyectar ingentes cantidades de dinero al mercado para suplir la falta de iniciativa privada. Es decir, mientras caen los ingresos, el gasto se dispara.

Por otra parte, el Banco de España advierte que "la experiencia del pasado muestra que, para que los procesos de consolidación fiscal sean exitosos, deben incluir recortes del gasto público y, en particular, del gasto improductivo". Sin embargo, el límite de gasto presupuestario para 2010 asciende a 182.439 millones de euros, una cifra que supone un 13,9% superior a lo presupuestado en 2009. El Gobierno justifica que, en realidad, el gasto se reducirá un 4,5% en comparación con el presupuesto final, ya que muchas partidas como el Fondo de Inversión Local -dotado con 8.000 millones- no se incluyeron en los Presupuestos de 2009.

En cualquier caso, el abultado déficit disparará la deuda pública, cuyo pago e intereses recaerá en las generaciones futuras. Así, la indisciplina fiscal de hoy la pagarán, sobre todo, los contribuyentes de mañana. La necesidad de endeudamiento se situó en junio en 61.174 millones de euros, un 922% más que el año anterior. En esa cifra se incluyen los 9.500 millones correspondientes al Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el instrumento ideado por el Gobierno para paliar la situación de las entidades financiera.

Y si bien es cierto que los bajos tipos de interés invitan a emitir deuda, si el deterioro económico persiste cada vez resultará más caro colocar en el exterior la deuda española, que este año podría alcanzar el 50% del PIB. Standard & Poor's ya rebajó en enero la deuda del Estado, lo que implica encarecer las emisiones. Y, el viernes, Moody's rebajó la calificación de la deuda de Cataluña y revisó la de Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia y Murcia.

Fórmulas para reorganizar el sector público

El sector público representa en torno al 40% del PIB español y la caída de los ingresos tributarios ha abierto el debate acerca de cómo financiar los servicios ligados al Estado de bienestar. Un informe de KPMG que ha recabado la opinión de 120 altos directivos del sector público apunta posibles soluciones que pasan por recortar los gastos superfluos y, por otra parte, se precisa redefinir las prioridades de gasto.Elena Pisonero, socia responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, declaró a CincoDías que resulta inaplazable "acometer reformas para incrementar la productividad y la eficiencia del sector público". De hecho, Pisonero apunta que distintos trabajos han demostrado que la productividad es considerablemente menor en el sector público respecto al privado. Así, la administración debería tomar nota "de las lecciones aprendidas del sector privado".Pisonero considera que este era un debate que debería haberse realizado mucho antes. Sin embargo, cuando la economía avanzaba a pasos agigantados y los ingresos tributarios no cesaban de aumentar, la mejora de la gestión de los servicios públicos no parecía una prioridad, ya que contaba con financiación suficiente. Ahora, "la situación ha cambiado y los Gobiernos tendrán que adoptar medidas de ajuste".En el estudio de KPMG, altos directivos de diversos países contestaron acerca del efecto que tendrá la actual crisis sobre el sector público. La mayoría opina que forzará a la Administración a ofrecer unos servicios de forma más eficiente. La segunda respuesta más repetida apunta que el sector público deberá reducirse. Un 14% asegura que la Administración deberá rendir cuentas con mayor exactitud sobre en qué destina el gasto. Según Pisonero, esa es una tendencia que se impondrá a nivel global. "El contribuyente debe saber lo que cuesta el servicio y para ello se precisa un esfuerzo de transparencia", opina.La socia de KPMG contempla la crisis actual como la oportunidad para acometer las reformas que precisa la Administración. Una opinión compartida por Astrid Göbel, miembro de KPMG en Alemania. Otra solución que KPMG deshecha por impopular pasaría por un aumento de los impuestos para obtener la financiación que precisa el sector público. Sin embargo, ello perjudicaría "al elevado número de personas que están atravesando graves dificultades económicas en todo el mundo.

La cifra

13.000 millones de euros es el coste asociado a las prestaciones por desempleo de enero a mayo. Supone un 70% más que en el mismo periodo de 2008.