El Senado aprueba el proyecto de Ley de Financiación de RTVE que entrará en vigor en septiembre
El pleno del Senado ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Financiación de RTVE tal y como había llegado del Congreso, sin modificaciones, por 130 votos a favor, 2 en contra y 118 abstenciones, y que entrará en vigor en septiembre.
Previamente, el pleno del Senado había votado en contra de dos de los tres vetos que se habían mantenido para este pleno porque finalmente Esquerra Republicana de Catalunya retiró el suyo. Los dos vetos pertenecían a senadores del grupo mixto y del grupo de nacionalistas.
Las principales críticas de la mayoría de los grupos se han referido a la urgencia en la tramitación de esta ley y a la falta de consenso, aunque prácticamente todos han estado a favor de que la publicidad deje de emitirse en TVE.
Aunque la ley entrará en vigor en septiembre, portavoces del Gobierno y de RTVE han asegurado que los contratos que la televisión pública tiene firmados con publicistas hasta finales de año, se cumplirán en su totalidad.
Previamente, el Pleno rechazó dos de los tres vetos puestos a la ley, uno presentado por dos senadores del grupo mixto y otro por el grupo de Senadores Nacionalistas, ya que el tercero, que había presentado ERC, fue retirado, al igual que las enmiendas que este grupo había dejado para el pleno de hoy.
Durante el desarrollo de la sesión, tanto el presidente de la Cámara, Javier Rojo, como el resto de los senadores, han condenado el atentado que ha tenido lugar esta madrugada en Burgos contra una casa cuartel de la Guardia Civil.
La senadora socialista Evelina Fernández, en su rechazo a los vetos, aseguró que, tanto los expertos como la opinión pública, son favorables a que TVE no emita publicidad y dijo que, si la Ley de Medios de Titularidad Estatal consagraba la independencia política de los medios públicos, ésta le da la independencia económica.
El senador del PP, Miguel Sánchez de Alcázar, rechazó los vetos, resaltó la importancia del proyecto y su acuerdo en que desaparezca la publicidad en TVE, pero consideró que había sido una buena oportunidad para llevar la ley adelante con tranquilidad y consenso.
También criticó que esta ley se haya aprobado antes de la Ley General Audiovisual, "una ley -dijo- que llevamos cinco años esperando" y discrepó por la forma con la que se había tramitado, sin tiempo y sin voluntad de consenso.
A partir de que TVE deje de emitir publicidad, se financiará mediante un porcentaje del 3 por ciento sobre los ingresos de las televisiones privadas estatales en abierto; del 1,5 por ciento de los operadores de pago y el 0,9 por ciento de los operadores de telecomunicaciones.
También recibirá un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico, los productos y rentas de su patrimonio y las aportaciones voluntarias.
El Mandato Marco, con una duración de nueve años, y el Contrato Programa, cada cuatro años, completarán la dimensión económica de RTVE y sus límites en su crecimiento anual.
Las aportaciones de las televisiones privadas, de pago y operadores de telecomunicaciones sólo podrán ser destinadas a financiar actividades de servicio público y la Corporación podrá obtener ingresos por el ejercicio de sus actividades como la comercialización de sus contenidos, siempre que no provengan de la publicidad.
Las autopromociones, la publicidad institucional o las campañas divulgativas de carácter social o de contenidos solidarios, no tendrán la consideración de publicidad y serán gratuitas. La ley también prevé que TVE no pueda dedicar más que el 10 por ciento de su presupuesto anual a adquirir eventos deportivos de interés, aunque se excluyen los Juegos Olímpicos.
TVE deberá emitir al menos un 60 por ciento de contenidos elaborados en Europa, como largometrajes, cortos y documentales y no podrá emitir en el conjunto de sus canales más del 70 por ciento de películas de estreno de las grandes productoras internacionales. El fin de la publicidad en TVE ha sido criticado, principalmente, por los publicistas que han asegurado que pondrá en peligro 18.000 puestos de trabajo y afectará a la productividad de 4.637 empresas publicitarias.
También han asegurado que supondrá para las 4.637 empresas que hacen publicidad en televisión, una inflación de precios, mayor saturación y una clara pérdida de competitividad, lo que provocará que las 1.350 pymes no puedan asumir el aumento de precios por lo que se quedarán si acceso a este medio.