Las constructoras reclaman 22.000 millones en obras por la reducción de fondos europeos
El ministerio de Fomento ha recibido un informe de la CEOE, sobre medidas de choque a favor de las constructoras, en el que se piden 22.000 millones de inversión hasta 2012 para paliar el recorte de fondos europeos. Además, insta a las Administraciones a pactar con la banca con el fin de que las empresas accedan a liquidez con el descuento de las certificaciones de obra pública.
La CEOE ha comprimido en un documento de 50 páginas remitido al ministro de Fomento, José Blanco, una avalancha de recetas para que el sector de la construcción pueda estabilizar su maltrecha salud.
La batería de medidas propone una profunda reforma del sistema concesional y se resume en la necesidad de una inyección de 22.000 millones en obras entre 2009 y 2012 para amortiguar la pérdida de fondos europeos dedicados a infraestructuras; un urgente impulso a la licitación de proyectos en el segundo semestre; la puesta en concurso en 2010 de todas aquellas obras abiertas a la colaboración privada, o la firma de un convenio entre Administraciones, bancos y cajas para que las constructoras puedan cobrar presentando las certificaciones de obra pública.
El documento llegó la semana pasada a Fomento en el marco de los contactos impulsados por Blanco antes de lanzar el plan extraordinario de 15.000 millones que complementará al Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT) hasta el fin de la legislatura. A la vista del bajo ritmo de licitación de obra pública en 2009, se pone sobre la mesa la necesidad de que Gobierno y Comunidades Autónomas ejecuten al máximo sus presupuestos.
En este sentido, se reclama un empujón a proyectos redactados y aprobados "que transmitan confianza a las empresas y permitan ajustar las estrategias". Ya para 2010 se requiere el lanzamiento "de aquellas actuaciones susceptibles de recurso a la colaboración privada". Las constructoras también dicen, por boca de la CEOE, estar de acuerdo con el uso del método alemán -la Administración difiere o fracciona el pago de las obras- siempre que se adapte la reglamentación al actual contexto.
Certificaciones e impuestos Con la falta de liquidez como telón de fondo, otra reivindicación respecto a las citadas certificaciones de obra es que estos avales de crédito puedan ser utilizados para pagar impuestos o deudas tributarias. Esta práctica, aceptada por el Gobierno, "debería hacerse extensible a Comunidades Autónomas y entes locales, puesto que licitan un porcentaje muy elevado de la obra", cita el estudio.
A pesar de rebosar proyectos a futuro, el informe de la CEOE no olvida un problema que viene de años atrás. Las constructoras pretenden que las distintas Administraciones intervengan en el equilibrio financiero de las concesiones de infraestructuras ya adjudicadas. Se trata de una petición en clara alusión a los diez tramos de autovía de primera generación que les fueron confiados en 2007 para su remodelación y posterior gestión. Por entonces los contratos se entregaron con bajas medias del 41% respecto a los presupuestos de licitación. La falta de financiación bancaria hace que los trabajos de reforma de esas autovías de los años ochenta estén prácticamente paralizados, con el consiguiente aplazamiento de los ingresos.
El tráfico también cae y las empresas fueron demasiado agresivas con sus ofertas en un contexto de crédito barato. Es decir, las cuentas no salen. A la vista de que el escenario ha variado y de que restan tramos de autovías de primera generación por salir a concurso, las patronales del sector recomiendan que se controlen las bajas, fijando un presupuesto en cada proyecto a partir del que las pujas se considerarían temerarias.
Otro consejo es que se adapten las condiciones de ejecución de los contratos a la coyuntura económica. Para que este tipo de concesiones sean rentables se demandan cambios como el establecimiento de los ingresos sin dependencia exclusiva del tráfico o la fijación de mecanismos de facturación en vehículos equivalentes (los vehículos pesados se convierten en varios ligeros aplicando una fórmula de equivalencia) para sumar un mayor número de usuarios.
Además, se intenta poner coto a la transferencia de riesgos imprevisibles al sector privado a través de las concesiones, como puede ser el coste de las expropiaciones. Un ejemplo se ha vivido recientemente en las carreteras radiales de Madrid, en las que Fomento dejaba en manos de las constructoras la compra de unos terrenos que se dispararon de precio tras procesos judiciales impulsados por sus propietarios. Un último frente, "que genera una profunda preocupación empresarial" o "expulsa del mercado a empresas por causas ajenas a la gestión", es el de la morosidad de las Administraciones.
Sobre este particular la CEOE busca que "se compruebe, a 31 de diciembre de cada año, el cumplimiento de las obligaciones de pago de todas las Administraciones y en caso de incumplimiento de las mismas, se deberían detraer de sus correspondientes transferencias el importe de las cantidades adeudadas".