Las instituciones vascas barajan congelar los sueldos para reducir el gasto público
Las principales instituciones de Euskadi, Gobierno vasco y diputaciones forales, están barajando la posibilidad de congelar el sueldo a sus más de 80.000 funcionarios el próximo año. Esta estrategia supone aplicar una política de contención del gasto público en un momento en el que la caída de la recaudación hasta junio supera, en algunos territorios, hasta el 20% como consecuencia de los efectos de la crisis.
A esta medida puesta sobre la mesa por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, en la reunión que mantuvo ayer en Vitoria con los representantes de las haciendas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, se sumaría al "peinado" que se está realizando para todos los departamentos del Ejecutivo de Vitoria con el objetivo de recortar otro tipo de gastos evaluados en unos 500 millones. El objetivo, también, es rescatar las emisiones de deuda pública, tanto por parte de las diputaciones como del Gobierno vasco.
El gabinete presidido por Patxi López ya ha anunciado que para 2010 está previsto, para cuadrar el presupuesto, endeudarse en unos 1.750 millones lo que supondrá elevar su ratio sobre PIB hasta más del 3%. El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, anunció la semana pasada que se debe ser "valiente" para recurrir al endeudamiento para conseguir recursos y afrontar la crisis.
Recorte efectivo del gasto
Recortar el gasto y apretarse el cinturón no se presenta, en cualquier caso, como un asunto fácil para el conjunto de la administración pública. Las cuentas no experimentarán un recorte efectivo por la aplicación a los funcionarios de antigüedades y otro tipo de complementos, que en total pueden suponer un incremento del 3% en la masa salarial, sólo en lo que se cobijan bajo la tutela del Gobierno de Vitoria. Las instituciones forales, además, tienen sus propios convenios con vigencia, en algunos casos, hasta 2011 y con incrementos que superan el 1,4% anual más otro tipo de complementos. Los ayuntamientos vascos, con más de 22.000 trabajadores en su conjunto, tiene fijado un aumento del IPC más un punto para los próximos años.
A estos tipo de condicionantes se suma la prevista negativa de los sindicatos. A nivel estatal, tanto Comisiones Obreras como CSI-CSIF ya han mostrado su oposición a estos recortes al considerar que este tipo de actuaciones serán contraproducentes para reactivar el consumo, a la vez que señalan que los funcionarios llevan "años".