ZP busca un golpe de efecto presupuestario
Tan desmedido ha sido el protagonismo dado a Cataluña en el parto del nuevo modelo de financiación autonómica, que en La Moncloa se apuesta por compensar el ruido sufrido con un golpe de efecto en la próxima negociación presupuestaria. En la dirección del PSOE se madura la idea de que José Luis Rodríguez Zapatero inaugure en septiembre el nuevo curso político con la oferta de un pacto presupuestario de amplio alcance al líder del PP, Mariano Rajoy, convenientemente escenificado para colocar en el tejado del primer partido de la oposición una decisión cuyo desenlace es fácil de adivinar.
Zapatero está haciendo todo lo que está en sus manos para intentar marcharse de vacaciones a La Mareta sin demasiadas asignaturas pendientes. Ha colaborado personalmente a que prospere un nuevo modelo de financiación que nace cojo por el rechazo que ha suscitado en el PP y en CiU, y, en los próximos días, derrochará todo su poder de seducción, y también de presión, para que sindicatos y empresarios se hagan la foto con el Gobierno convocados por un acuerdo socioeconómico que, de hacerse realidad, seguiría dejando algunos de los asuntos más calientes en el aire.
Zapatero necesita tener el terreno despejado en septiembre para enfilar la tramitación de los Presupuestos más difíciles desde que es presidente e intentar negociarlos con aspiraciones más ambiciosas que las que podrían descansar en el socorrido apoyo de los 10 diputados que suman Esquerra Republicana de Cataluña (tres), Izquierda Unida (dos), Coalición Canaria (dos), el Bloque Nacionalista Gallego (dos) y Unión del Pueblo Navarro (uno). El presidente, comentan fuentes socialistas, necesita vender un proyecto nacional y cerrar cuanto antes la llamada 'carpeta catalana', nuevamente bloqueada por las tensiones desatadas en el Tribunal Constitucional a cuenta de la sentencia sobre el Estatuto, cuyo tono interpretativo podría derivar en una prolongada litigiosidad entre Cataluña y el Estado.
En este puzle es donde encajaría a la perfección una oferta de pacto presupuestario al PP y a los grupos nacionalistas, amparada en el deseo de brindar la oportunidad a Mariano Rajoy y al resto de los líderes políticos de colaborar en la salida de la crisis y rentabilizar su sentido de Estado.
El desenlace del ofrecimiento es fácil de imaginar porque, más allá del impacto mediático que tendría la oferta y de la forma en que la gestionara el PP, su equipo económico está con la cabeza en otra frecuencia distinta. En Génova, 13, se considera posible dinamitar el 'bloque progresista', como irónicamente se califica a los compañeros de viaje de Zapatero, en cuanto las cifras de paro vuelvan a empeorar en otoño y se rocen los cinco millones de desempleados. Esta será una de las principales bazas que exprimirá a tope el PP a partir de septiembre, abrigado por un discurso a favor de corriente que tendrá como propuesta central la rebaja de impuestos. A poco que se recuerde el contenido de la fallida moción pactada por el PSOE con Izquierda Unida hace un mes en el Congreso - revisión de todas las deducciones fiscales para dotarlas de mayor progresividad - podrá anticiparse el corto recorrido de un pacto de esta naturaleza entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.
Mientras la vicepresidenta Elena Salgado se prepara para librar la pelea presupuestaria con los diferentes ministerios, una secuencia que vio sufrir a Pedro Solbes a partir de 2004 desde las carteras de Sanidad y Administraciones Públicas, las prioridades de su equipo pasan también por culminar la reforma de la Lofca, imprescindible para que el nuevo modelo de financiación inicie su andadura, encontrar apoyos para los diferentes proyectos en los que se asienta la directiva de servicios y buscar contenido a la ley de economía sostenible que anunció Zapatero hace mes y medio sin tener amarrada todavía su cobertura financiera.
No hay prevista ninguna reunión bilateral entre Elena Salgado y el equipo económico del PP que dirige Cristóbal Montoro para evaluar la evolución del plan de rescate de bancos y cajas, aunque sí es intención de este último aplicar a rajatabla el control parlamentario sobre el mismo tal y como está previsto en el decreto recién convalidado.
De aquí al mes de agosto, el Congreso se cerrará por vacaciones con la comparecencia del ministro de Industria, Miguel Sebastián, forzado a explicar el anunciado cierre de Garoña en 2013 y la última subida de la luz. Será, probablemente, el 30 de este mes y el PP le espera con la carabina cargada, aunque algo huérfano de reflejos.