Sueldos públicos

Los sindicatos rechazan congelar el salario de los funcionarios en 2010

Las centrales sindicales no están dispuestas a aceptar la pretensión de Economía de que los sueldos de los trabajadores públicos se actualicen a la baja el próximo año, en paridad con la reducción del techo de gasto estatal.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, heredó de su predecesor algo más que el cargo. En su afán por reducir el gasto estatal y consolidar una política de austeridad, Pedro Solbes se hizo el año pasado con la llave de la evolución de los sueldos públicos. Ahora Salgado mantiene el testigo, pese a que, formalmente, la Dirección General de la Función Pública depende orgánicamente de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

La pugna por aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica ha retrasado la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. æpermil;sta suele constituirse en junio, y Gobierno y sindicatos suelen tener cerrado un acuerdo sobre los salarios para el mes de septiembre. Aunque este año aún no se han reunido, las cartas comienzan a descubrirse.

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, reveló la semana pasada, en una entrevista concedida a CincoDías, que la intención de su gabinete es amoldar los ingresos de los empleados públicos a la caída del gasto. "Si acabamos de aprobar un techo de gasto del Estado que cae un 4,6%, la evolución salarial de los funcionarios debe ser coherente y adecuarse", declaró. Preguntado por si sería negativa, Campa matizó que "debe ser muy conservadora".

El Gobierno no tiene una decisión definitiva tomada, y podría recoger una pequeña subida, del 0,5%, para evitar el desgaste político de una congelación, según informaba el sábado La Vanguardia.

La congelación "es una aberración. Llevamos diez años perdiendo poder adquisitivo y los sueldos son ya muy precarios", expone ahora José Ramón García, secretario de Acción Sindical de CSI-CSIF. De hecho, aspira a sellar un alza superior a la de los últimos años. A su juicio, los empleados públicos han acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 42% desde 1982. Se debe a la diferencia entre los incrementos pactados y el IPC, y a las congelaciones de 1994 y 1997.

La subida general de los sueldos públicos para este año ha sido del 2%, mientras que variación interanual del índice de precios de consumo en 2008 fue del 4,1%. Sin embargo, la diferencia no es tanta dado que al incremento base se le sumó un 1% adicional en concepto de pagas extras, un 0,5% ligado al fondo de pensiones de los funcionarios y un 0,375% del fondo de compensación, dedicado a puestos de difícil cobertura. Por lo tanto, el incremento total fue, en realidad, del 3,875%.

El alza sería menor en 2010 si como auguran los expertos el IPC cierra el año cercano al cero. Pero si el Gobierno aplica la congelación salarial, ésta afectaría obligatoriamente a todos los funcionarios, sean de la administración central, la local o la autonómica, pues así lo sentenció el Tribunal Supremo.

Emilio Cobos, secretario de Acción Sindical, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC OO), rechaza también la postura de Campa por los efectos nocivos que tendría sobre la ya complicada situación de crisis. "Una congelación de los salarios no ayudaría a la recuperación económica del país, ya que afectaría negativamente al consumo", argumenta. El sindicato espera lograr un aumento similar al de los últimos años. Por su parte, desde UGT prefieren no pronunciarse hasta que no se constituya la mesa de negociación y se haga oficial la propuesta del Gobierno.

Otra opción la planteó hace meses el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho: congelar los ingresos de los altos cargos, aquellos que perciben más de 30.000 euros anuales. CSI-CSIF apunta que si no se eliminan los complementos y bonificaciones que reciben, el efecto de la propuesta de Corbacho sería nulo.

El alza de 2009

Los salarios de los funcionarios subieron un 3,875% este año, en concepto de:

Un 2% de subida general para toda la administración.

Un 1% adicional en concepto de pagas extras.

Un 0,5% más ligado al plan de pensiones público.

Un 0,375% de otro fondo de compensación.

La plantilla local y autonómica crece el doble de lo que disminuye la central

El número de funcionarios que trabajan en la Administración General del Estado ha descendido desde los 515.850 empleados del año 2000 a menos de la mitad hoy día. La indefectible disminución, año a año, de la plantilla del Estado central ha estado compensada por el aumento de los trabajadores adscritos a las administraciones autonómicas y locales. Sin embargo, la aplicación práctica dista mucho de haber sido proporcional. En el último decenio, autonomías y municipios han contratado a 521.877 personas más, mientras que el Estado ha vivido una merma de 277.008 trabajadores. De hecho, más del 50% de los funcionarios están empleados por las comunidades autónomas, y casi la cuarta parte del total por los ayuntamientos. El Estado central, por su parte, ha pasado a convertirse en la tercera pata, con el 21,8% de las 2.636.900 personas que conforman el personal público. Dentro se contabilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ejército, las entidades públicas empresariales y los trabajadores de Justicia. Por comunidades, es Andalucía la que alberga mayor número de funcionarios: 495.820. La quinta parte del total, que mayoritariamente trabaja en el gobierno regional. Le sigue Madrid (422.848) con la lógica carga del grueso de organismos oficiales.