La crisis y la morosidad podrían provocar el cierre de medio millón de negocios
La morosidad de las Administraciones Públicas es la principal causa del cese de actividad de uno de cada cuatro trabajadores autónomos, en una coyuntura económica que podría "llevarse por delante" a cerca de medio millón de trabajadores autónomos dentro del "viacrucis" que sufre el sector, según manifestó hoy el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
Según Amor, el motor de la economía que conforma el colectivo de trabajadores por cuenta propia "se ha gripado" ante una situación en la que ocho de cada diez trabajadores declaran tener dificultades de acceso al crédito, y que en el primer trimestre de 2009 el número de trabajadores autónomos descendió en 222.200, un 10,3% menos respecto al mismo periodo del mes anterior.
En este sentido, la federación abogó por que la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos debería ser lo más semejante posible a la que percibirán los trabajadores suscritos al Régimen General.
En cuanto a la protección social de 420 euros que negocian sindicatos y patronal, Amor quiso dejar claro que, de ponerse en marcha esta medida, el acuerdo alcanzado por la Mesa del Trabajador Autónomo compromete al Gobierno a extender igualmente este subsidio a los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado su actividad, que en la actualidad sería entre 150.000 y 200.000 beneficiarios, según la organización.
De igual modo, con el afán de no ser considerados "ciudadanos de segunda", el presidente de ATA manifestó que los autónomos reclaman un sistema contributivo similar al de los trabajadores por cuenta ajena, y fijó como "líneas rojas" de los autónomos la percepción de tres meses de prestaciones por año cotizado y de un año por cada 36 meses de aportación.
Asimismo, los profesores Juan José Rubio y Javier Martín presentaron el informe del observatorio del trabajo autónomo de la federación en el que reivindicaron una serie de medidas tributarias, entre las que destaca la propuesta de reducción de las cotizaciones sociales que el Estado debería cubrir con un incremento del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Sobre este mismo gravamen, ATA insistió en la necesidad de aplicar el principio de caja en sustitución del actual sistema de devengo y rendir cuentas a las arcas estatales toda vez que una factura sea cobrada y no en el momento de su emisión.
Entre otras medidas, ATA abogó por la exención de las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único al inicio de una nueva actividad, la adecuación de la Orden reguladora de módulos a la actual situación económica al existir una "sobrefiscalidad grave" en el sistema actual, valorar la exención del IRPF en los primeros años de actividad cuando exista un rendimiento inferior a los 15.000 euros, así como el establecimiento de un tipo impositivo del 20% para sociedades con menos de cinco trabajadores y un beneficio fiscal inferior a los 36.000 euros.
Además, los autónomos apostaron por incrementar la dotación por posibles insolvencias hasta un límite del 5% sobre el saldo a final del periodo o reducir la tributación aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las actividades económicas desarrolladas por las personas físicas mediante el establecimiento de una deducción en la cuota y la reducción de los módulos aplicables.