Cauce parlamentario de difícil salida
El pasado 21 de mayo, el pleno del Congreso aprobaba por asentimiento la creación de una subcomisión parlamentaria dentro de la Comisión de Industria encargada de estudiar la estrategia del sector energético español para las próximas tres décadas. Su nacimiento pasó desapercibido para el gran público, pero no para el Gobierno, que dudó mucho hasta dar su visto bueno, ni para las principales fuerzas políticas. Este grupo de trabajo apenas ha comenzado a rodar, pero en sus planes figura requerir al Ejecutivo la documentación necesaria para abordar esta tarea y escuchar también a todos los expertos interesados en aportar sus ideas.
Representantes del PP y de CiU, principales promotores de la iniciativa que nació también con el aval del PSOE, se preguntan ahora qué sentido tiene encauzar parlamentariamente este objetivo cuando el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anticipa a estas alturas su intención de legislar para definir la vida útil de las centrales nucleares en funcionamiento, asumiendo así el papel del regulador, y de presentar en el Parlamento el próximo otoño, con casi cinco años de retraso, la planificación energética hasta 2030.
La solución final dada por Zapatero al cierre de Garoña no sólo no ha satisfecho a los grupos políticos de la oposición, sino que tampoco ha generado entusiasmo en las filas del propio PSOE. Teniendo en cuenta la escuálida mayoría de la que dispone en estos momentos el Gobierno en el Congreso y el Senado, es fácil imaginar que el grupo mayoritario encontrará serios problemas para sacar adelante sus propuestas si no se presta a negociar con el resto del arco parlamentario. La solución dada a Garoña ha despertado las críticas de Mariano Rajoy (PP), de Josep Antoni Durán i LLeida (CiU), de Joan Herrera (IC) y de Gaspar Llamazares (IU). El Gobierno se encuentra, pues, desamparado a su derecha y a su izquierda en el incipiente debate nuclear, sin mayorías definidas que le permitan seguir defendiendo los alambicados argumentos utilizados para anunciar el cierre de Garoña en 2013.
Lo más grave, en opinión de alguien que se sienta en el Consejo de Ministros, no es la controversia sobre si el cierre de Garoña dentro de cuatro años encaja o no en el programa electoral socialista, ni siquiera el cálculo electoral sobre si esta decisión será reversible ante un hipotético nuevo Gobierno. Lo más preocupante es que no parece existir en La Moncloa el más mínimo interés en encontrar un denominador común sobre el futuro energético del país con el principal partido de la oposición, a pesar de que el PSOE avaló con sus propios votos hace menos de dos meses la creación del foro parlamentario al que antes aludimos para buscar, teóricamente, posiciones de encuentro. Tanta contradicción e incoherencia tienen difícil explicación.