Extremadura y Andalucía se suman a la lucha de poder de las fusiones
Extremadura y Andalucía se sumaron el viernes a las fuertes discrepancias suscitadas por el decreto ley que regula la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ambas han solicitado un informe sobre su posible inconstitucionalidad, puesto que "invade las competencias de las comunidades", como ya señaló la Generalitat el pasado jueves.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó el viernes solicitar al consejo consultivo de la comunidad la elaboración de un informe sobre las posibilidades de interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al decreto ley que regula la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El consejero extremeño de Hacienda y Administración Pública, Ángel Franco, destacó que la nueva norma "invade las competencias de las comunidades autónomas" en el apartado relativo a la regulación de los procesos de reestructuración de las entidades de crédito.
En Andalucía, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, anunció también que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando si dicho decreto supone una invasión de las competencias autonómicas. Pizarro efectuó estas declaraciones durante la firma de un convenio de colaboración con Unicaja y Cajasol, en el que los presidentes de las dos entidades, Braulio Medel y Antonio Pulido, se muestran favorables a la integración de las cajas andaluzas.
Extremadura y Andalucía se han sumado así a Cataluña en su lucha por el poder político en la reestructuración del sistema financiero a través de las fusiones de las cajas de ahorros, las entidades más perjudicadas por la crisis y las que probablemente necesiten hacer uso con mayor urgencia del fondo de ordenación bancaria. En cuyo caso el Banco de España tendría la potestad última de si las entidades rescatadas tendrán que fusionarse.
Ángel Franco aclaró que en el título octavo de la Constitución, en el propio Estatuto de Autonomía y en dos leyes regionales (la de cajas de ahorros y la de cooperativas de crédito) hay una competencia que asigna al consejo de gobierno de la Junta de Extremadura la "necesaria autorización administrativa para proceder, llegado el caso, a procesos de fusión o absorción de cajas de ahorros o cooperativas de crédito regionales". Esta normativa, según explicó el consejero extremeño, contiene un tratamiento similar en todos los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas. El ex presidente, José María Aznar dijo por su parte que el Gobierno "acaba de meter casi 100.000 millones, es decir 6.000 euros de cada familia española, en eso que han llamado FROB, que es un cajón lleno de dinero del contribuyente que se va a transferir a las cajas". Otro ex presidente, Felipe González, criticó el viernes la intención de algunas comunidades autónomas de recurrir el FROB por "invasión de competencias" y advirtió del "problema" que supondría eliminarlo. González intervino en un encuentro organizado por la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco
El Gobierno, sin embargo, señaló estar convencido de que el fondo de reestructuración bancaria saldrá adelante el próximo miércoles en el Congreso, y pidió al PP que "arrime el hombro" en las medidas del Ejecutivo en apoyo del sector financiero. "Vamos a trabajar buscando el máximo consenso", dijo María Teeresa Fernández de la Vega.
CiU tiene dudas y las agencias de rating apoyan la normativa
El portavoz de CiU en el Congreso y presidente de UDC, Josep Antoni Durán, remarcó el viernes que la federación no tiene definida aún su posición sobre el FROB.Durán explicó que están estudiando si es inconstitucional que el plan que apruebe el Banco de España no requiera ninguna autorización autonómica, aunque recordó que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala la autoridad de regulador, por lo que indicó que acabarán de decidir su posición sobre el decreto del FROB una vez lo hayan estudiado a fondo.Por su parte, las agencias de calificación, Moody's y Fitch se mostraron esta semana favorables al fondo de reestructuración bancaria promovido por el Gobierno.