El CGPJ multa con 300 euros a Garzón por dejar escapar a un 'narco'
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy imponer una multa de 300 euros al juez Baltasar Garzón al estimar que incurrió en una falta leve en relación con la excarcelación de dos presuntos narcotraficantes turcos, uno de los cuales aprovechó esta circunstancia para huir, se informó en fuentes del Consejo.
Este asunto ha tenido que ser resuelto por el órgano de Gobierno de los jueces después de que el pasado día 8 la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional le devolviera este expediente, cuya resolución fue encargada inicialmente a la Audiencia Nacional al calificarse inicialmente los hechos de leves.
No obstante, la Audiencia Nacional consideró que la fuga de uno de los presuntos narcotraficantes -que no se había producido cuando el CGPJ le remitió esta cuestión- supone una novedad que podría elevar la responsabilidad del juez al respecto.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que no tiene competencia para decidir sobre faltas graves, consideró que las consecuencias de la decisión de Garzón deberían volver a ser analizadas por el CGPJ, y le devolvió el expediente.
Los dos narcotraficantes fueron excarcelados al haber caducado por unos días el plazo para prorrogar en dos años la situación de prisión preventiva en que se encontraban. Según fuentes próximas a Garzón, la detención del grupo de traficantes se produjo en dos días diferentes (10 y 18 de julio de 2006), si bien bien en la 'carpetilla' donde se archivaron las diligencias sólo se hizo constar la segunda fecha.
Orden de busca y captura
Uno de los presuntos narcotraficantes puestos en libertad en julio pasado por error se encuentra en busca y captura por orden de la Sala de lo Penal desde el pasado 24 de febrero, si bien la causa causa corresponde a la Sección Tercera y no al juez instructor desde octubre pasado.
El expediente contra Garzón fue incoado a principios del pasado mes de octubre a raíz de la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias contra el magistrado tras conocerse por la prensa la puesta en libertad de los dos presuntos 'narcos'. En el informe realizado sobre este asunto por el Servicio de Inspección del CGPJ se advertía de la exigencia al juez "de una especial diligencia en el control de los plazos de los sometidos a estas medidas cautelares que, si se infringe, debe conllevar una respuesta disciplinaria".
En el expediente que valoró el CGPJ el pasado mes de diciembre también constaba la explicación de lo sucedido por parte de Garzón, quien, tras informar de las circunstancias del caso, advirtió de que la denuncia de Manos Limpias se basa en una información periodística a la que reprochaba la "falta de datos relevantes".
No obstante, el magistrado asumía que, en cuanto a titular del Juzgado, él es el único responsable de la situación de los presos preventivos. Igualmente, argumentó que desde la Fiscalía "en ningún momento se advirtió o se avisó del agotamiento del plazo" y que las fechas en las que se produjo este error su Juzgado controlaba un total de 270 presos preventivos, todos "en plazo y debidamente controlados".
Viaje a Perú
Por otra parte, la Comisión Disciplinaria archivó la investigación abierta también a Garzón a raíz de una queja de los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón -que impulsaron la querella contra este magistrado por cobrar durante su estancia por estudios en Nueva York-. En esta ocasión, los letrados denunciaron al juez por utilizar datos no correctos a la hora de pedir un permiso para viajar a Perú en 2007.
En su queja, los denunciantes consideraban que el magistrado podría haber cometido una falta muy grave de "faltar a la verdad en la obtención de permisos y ayudas económicas" y solicitaron la apertura de un expediente disciplinario para que se investiguen y depuren posibles responsabilidades.
La denuncia reflejaba que Garzón pidió el permiso para acudir a Lima con ocasión del II Encuentro sobre Financiamiento del Terrorismo entre los días 8 y 14 de agosto de 2007. No obstante, "el juez aprovechó para desplazarse al Amazonas donde estuvo pescando pirañas en el río Napo", según publicó un diario al que aludían los letrados.
La decisión se ha acordado después de que el juez justificara que el permiso fue utilizado para acudir a dos eventos diferentes, y que fue durante el fin de semana que quedó en medio el que aprovechó para conocer el Amazonas, según señalaron las mismas fuentes a Europa Press.
Los denunciantes consideraban que el juez mintió al señalar al CGPJ las fechas, ya que, dicen, el encuentro tuvo lugar en Lima entre el 6 y el 9 de agosto. Destacan además la existencia de un reportaje publicado por la revista peruana 'Caretas' en el que "consta que estuvo de vacaciones en la selva peruana".
"Esas vacaciones selváticas lo fueron, según parece, con cargo a un permiso de otra naturaleza, no vacacional, por lo que pudo incurrir en la falta muy grave del artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", señalaba el escrito de los letrados.