Competencia cree que el Gobierno cede a la presión de los colegios profesionales
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dio a conocer ayer su informe relativo al anteproyecto de ley ómnibus, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y que debe superar ahora su andadura parlamentaria. La principal de las conclusiones es que el Gobierno ha reducido el alcance o "el grado de ambición" del proyecto respecto al anteproyecto inicial.
"La CNC es consciente de que las presiones que existirán en esta materia para mantener situaciones de privilegio en determinados casos serán muy fuertes, pero por eso considera preciso mantener una postura firme y explicar claramente los beneficios que una correcta aplicación de la Directiva de Servicios reportarán al que debe ser su principal beneficiario: los millones de consumidores", explica el organismo que preside Luis Berenguer en la nota informativa que acompaña al informe.
Asegura la CNC que en el anteproyecto se observan ya los efectos de algunas iniciativas tomadas "para no alterar, o no hacerlo en exceso", la situación vigente. Como ejemplo de la posible regresión del anteproyecto con respecto a los objetivos iniciales que al parecer de la CNC eran más ambiciosos, destaca por ejemplo que en materia de colegiación obligatoria no se hayan determinado de manera tasada los supuestos en los que ésta procede, "dejando la puerta abierta a la consolidación del actual marco regulador de colegios, tanto en el plano estatal como en el autonómico".
Lo mismo sucede en el terreno de los visados. La CNC lamenta que no se ha aceptado su observación de derogar explícitamente las normas colegiales sobre visados y otras relacionadas con la publicidad, incompatibilidades, restricciones territoriales, obligaciones de ejercicio en exclusiva y baremos de honorarios. En todo caso, Competencia dice valorar positivamente "con carácter general" el impulso que supone la modificación propuesta para la introducción de mayor competencia en el ámbito de las profesiones colegiadas, pero alerta ante la posibilidad de que las reformas estructurales asociadas a la transposición de la Directiva de Servicios queden finalmente en entredicho.