PSOE y PP pactan la ley marco que permitirá liberalizar los servicios
La denominada ley paraguas que facilitará el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio superará hoy su primer escollo parlamentario gracias al acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para derribar las enmiendas a la totalidad que defenderán el BNG e IU. Los populares han enmendado de forma parcial el proyecto para favorecer la implantación de los supermercados e introducir mayores garantías en todos los procedimientos de autorización previa.
La diputada socialistaMeritxell Batet y el diputado del PP Álvaro Nadal, han sido los principales promotores del acuerdo que hoy permitirá que las enmiendas a la totalidad del BNG y de IU no salgan adelante. El hilo conductor de ambas descansa en la supuesta vulneración de las competencias autonómicas que supondría la transposición de la directiva europea de servicios.
Hoy jueves, se superará, pues, el primer escollo parlamentario de esta ley marco, tras la que vendrá la aprobación de la llamada ley ómnibus y el proyecto de ley de Comercio minorista. Todas ellas deberán estar encajadas en la legislación española antes de fin de año.
En opinión de la diputada Meritxell Batet, se trata "de una ley revolucionaria, ya que cambia la concepción que se tiene de las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas". Estas últimas ya no acotarán ni revisarán toda la actividad de forma previa, centrándose en los controles a posteriori, añade la ponente del proyecto de ley.
Al tratarse de una ley básica, debe aplicarse por el conjunto de las comunidades autónomas. El texto es tan equilibrado, en opinión del PSOE, que grupos como CiU votarán, incluso, contra las enmiendas a la totalidad que defenderá parte del Grupo Mixto.
El PP ha aprovechado la tramitación del proyecto de ley para ir un pocomás allá en los objetivos de la directiva comunitaria y encauzar, de paso, algunas de las inquietudes que le han trasladado diferentes sectores, entre ellos el del comercio y el transporte.
En una enmienda parcial que defenderá Álvaro Nadal, se modifica el artículo 10 del proyecto de ley para favorecer la implantación de los supermercados en todo el territorio nacional, sin ningún tipo de cortapisas. La directiva, en su texto original, establece que en ningún caso se podrá supeditar el acceso a una actividad de servicios a partir de los requisitos de naturaleza económica o de una demanda del mercado. El PP defiende, además, que ninguna administración pueda impedir el establecimiento de una actividad comercial, como la apertura de un supermercado, esgrimiendo su oposición a la comercialización de determinados productos. Las razones imperiosas de interés general que pudiera invocar alguna administración para oponerse a la instalación de una actividad comercial no deben encubrir, a juicio del PP, requisitos de planificación económica.
La enmienda tiene su sentido, ya que tanto la legislación autonómica, en la inmensa mayoría de los casos, como la legislación estatal vigente, contemplan requisitos de carácter económico para autorizar o no una actividad, en un gran número de ocasiones encubiertos bajo motivos de planificación territorial u otras razones de interés general.
Contratación y transporte
El PP quiere introducir también mayores garantías en los criterios que establece la directiva a la hora de evitar que la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios se supedite a requisitos como la composición de las plantillas o la obligación de la empresa interesada de disponer de un número mínimo de empleados.
En este contexto, el principal partido de la oposición propone que tampoco se tenga en cuenta a la hora de autorizar una actividad la obligación de contratar con una procedencia omodalidad determinada.
El PP está de acuerdo en que queden fuera del ámbito de la aplicación de la ley los servicios del transporte y de la navegación marítima y aérea, incluidos los portuarios y aeroportuarios, pero defiende que esté afectada la actividad de las plataformas logísticas de las empresas del sector y de las actividades necesarias para su funcionamiento.
Restricciones motivadas y ventanilla única
Entre las enmiendas parciales a la directiva de servicios que serán debatidas en el Congreso figura una propuesta del PP para que la autorización previa de la prestación de servicios y, en su caso, la que limite las actividades de los operadores, atiendan exclusivamente a criterios objetivos y medibles que hayan sido recogidos previamente en la legislación específica aplicable a cada sector. El PP pone la lupa, sobre todo, en las limitaciones relativas al impacto sobre el medio ambiente, la protección del territorio o la planificación urbana o rural.El primer partido de la oposición propondrá también que las restricciones a la libertad de prestación de los servicios se articulen mediante una resolución "suficientemente motivada". El PP propone abrir una ventanilla única en la que puedan recabar información todos los interesados.