La morosidad de CCM se disparó al 12% en el primer trimestre
Caja Castilla La Mancha (CCM) disparó su tasa de morosidad hasta el 12% a 31 de marzo, frente a la del 9,32% existente a cierre de 2008, con activos dudosos por importe superior a los 2.481,6 millones de euros.
Así lo pone de manifiesto la entidad en su informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde señala que el primer trimestre de 2009 confirma las previsiones negativas y la "delicada situación" de la caja, que registró resultados provisionales negativos de 11 millones de euros en el periodo, con una "caída significativa" de todos los márgenes.
Asimismo, indica que las dificultades en la gestión de la liquidez "se han visto agravadas" por la rebaja de la calificación crediticia el 19 de febrero por debajo del llamado 'grado de inversión' (de BBB+ a BB+) y la pérdida de recursos minoristas, que cifra en 654 millones en el primer trimestre, "conforme empezaban a trascencer los problemas de la entidad".
La caja reconoce que sus cuentas de 2008, con pérdidas netas de 746,77 millones de euros, reflejan un "importante quebranto", motivado fundalmentalmente por el crecimiento de la morosidad y el deterioro de las inversiones en renta variable.
La cobertura media del riesgo de insolvencias para estos activos dudosos se situaba en el 32,45% a 31 de diciembre de 2008, frente al 357% existente al cierre del ejercicio 2007.
El ratio de solvencia sube al 11%
Además, a cierre de 2008 la caja contaba con un coeficiente de solvencia del 5,2%, frente al 10,08% de 31 de diciembre de 2007 y muy por debajo del 8% regulatorio mínimo exigido.
Sin embargo, tras la aprobación por el Estado de garantías al Banco de España para otorgar financiación a CCM por un importe máximo de 9.000 millones de euros, de los que a 31 de marzo se ha dispuesto de 1.500 millones de euros, y la emisión en mayo de participaciones preferentes por un importe de 1.300 millones de euros suscritas íntegramente por el Fondo de Garantía de Depósitos, el ratio de solvencia se situaría en el 11%, superando ampliamente el mínimo del 8%, con un Tier 1 que se situaría por encima del 7%.
En su informe de gestión, la caja destaca que estas medidas de carácter preventivo la han permitido seguir operando con normalidad y cumplir sus obligaciones y compromisos de pago, asegurando la posición de los depositantes y de los acreedores.
Además, subraya que las medidas se tomaron "una vez constatada la imposibilidad de obtener una solución a los problemas de la caja a través de su fusión con otra entidad y responden al objetivo de evitar que el progresivo deterioro de la situación pudiera desembocar en una irreversible crisis de confianza en la misma, afectando al resto del sector financiero y, en última instancia, se tradujera en mayores costes para los contribuyentes".
Así, indica que los objetivos de gestión asumidos desde la sustitución por el Banco de España de los anteriores administradores se ha centrado "prioritariamente" en la normalización organizativa del negocio minoritas y de la recuperación de la inversión dudosa.
Un riesgo inmobiliario del 45%
Con todo, al cierre del ejercicio presentaba un patrimonio neto positivo (es decir, los activos netos eran superiores a sus deudas). Sin embargo, la entidad tenía serios problemas: un coeficiente de capital regulatorio del 5,2%, al tiempo que sus perspectivas financieras eran negativas, pues presentaba una elevada morosidad (9,3%) en una cartera crediticia con una "relevante" exposición al riesgo constructor inmobiliario (44%) y una generación de recursos recurrentes "insuficiente".
Adicionalmente, CCM venía sufriendo una "fuerte presión" sobre la liquidez por su elevada apelación a los mercados mayoristas, en la que había basado el crecimiento de su actividad inversora. Además, se encontraba al borde del agotamiento de los activos susceptibles de garantía en las líneas de liquidez del BCE, que obligó a la caja a solicitar al Banco de España una provisión urgente de liquidez de hasta 900 millones de euros.
Déficit de recursos propios de 539,2 millones
Además, según pone de manifiesto Ernst & Young en el informe de auditoría, CCM registró un déficit regulatorio de recursos propios de 539,2 millones de euros en 2008 como consecuencia de las pérdidas en que incurrió en el ejercicio.
El efecto fiscal de las pérdidas de la caja se incluye en el importe de los activos fiscales, que a 31 de diciembre ascienden a 406,7 millones de euros, netos de los pasivos fiscales, y cuya recuperación está condicionada a la evolución futura de los resultados de la entidad, según indica la auditora.
Ernst & Young constata además que durante los primeros meses de 2009 ha continuiado el deterioro de las principales magnitudes de la entidad.
Además, subraya que la caja castellano-manchega presenta adicionalmente un "exceso de riesgos contraídos" con tres grupos económicos que no cita. El porcentaje de concentración de estos riesgos sobre los recursos propios computables era a 31 de diciembre del 47,54%, 28,28% y 28,71%, excediendo el 25% establecido por el Banco de España.
Respecto a las inversiones de la entidad, la auditora destaca que existen en la sociedad CR Aeropuertos, de la que posee el 5,02%, y El Reino de Don Quijote de La Mancha (12,39%) "incertidumbres de naturaleza significativa relacionadas con la recuperación de las inversiones realizadas y pendientes de realizar, así como con la conclusión de los procesos de negociación en curso para reestructurar la deuda contraída por ambas sociedades, debido al estado inicial en el que se encuentran las operaciones del aeropuerto y la ralentización de los proyectos del complejo residencial y de ocio de El Reino de Don Quijote".
La firma indica que no es posible evaluar el impacto de estas incertidumbres sobre la valoración de las inversiones de la entidad, por importe de 18,1 y 234,7 millones de euros, respectivamente, así como sobre la valoración de la inversión de la entidad en la Corporación Caja Castilla La Mancha.
Ernst & Young resalta que la crisis financiera internacional y del sector inmobiliario en la economía española han provocado efectos adversos en las entidades de crédito en general, "y en particular en la entidad", entre los que destaca "el incremento de la morosidad, el deterioro de valor de una parte significativa de sus inversiones financieras, las fuertes restricciones de acceso a los mercados de financiación mayorista e interbancarios y un deterioro de su solvencia".