La liberalización de servicios afronta mañana su primera prueba en el Congreso
La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva de Servicios aprobada por el Parlamento Europeo en 2006, conocida como ''Directiva Bolkenstein'', afrontará mañana en el Congreso de los Diputados su primer examen con el debate en Pleno de las enmiendas de totalidad presentadas al texto por Izquierda Unida (IU) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Con la tramitación de este proyecto de ley, el Congreso inicia la trasposición de la directiva de servicios de la UE que se completará cuando las Cortes empiecen a estudiar el proyecto de ley que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, conocido como ''ley ómnibus'' y que modifica 47 normas españolas.
Sin embargo, IU y BNG ya han anticipado su rechazo frontal a la transposición, al considerar que profundiza en muchos de los elementos más problemáticos de la Directiva Bolkenstein, y abre la vía a una "reducción de los estándares" de protección de derechos sociales y laborales. En este sentido, Izquierda Unida acusa al Gobierno de "ser más papista que el Papa".
Respecto al proyecto de Ley que se debatirá mañana, la formación que lidera Cayo Lara y representa Gaspar Llamazares en la Cámara Baja, considera que se trata de un texto que no se limita a reproducir exactamente lo dispuesto en la norma comunitaria, sino que plantea una "adaptación con menos restricciones" a los principios básicos de la Directiva.
Recorte de competencia a las CC AA
Por su parte, el BNG denuncia que el Gobierno aprovecha el proyecto de ley para realizar una "descentralización de competencias encubiertas", recortando sustancialmente las atribuciones autonómicas de regulación sectorial de actividades.
Asimismo, considera que "avanza en la senda de la desregulación" de múltiples sectores en una línea "claramente liberalizadora" que, a su juicio, ha dado muestras reiteradas en los "últimos tiempos" de suponer un "claro riesgo" para el funcionamiento de la economía.
Más de cien enmiendas parciales
Además, Izquierda Unida, junto al grupo parlamentario que comparte IU con ERC e ICV, y el Bloque han presentado más de un centenar de enmiendas parciales para corregir esta nueva norma, en el caso de que mañana no salga adelante su propuesta para devolverla al Gobierno. En este contexto, quieren dejar claro que la ley no se aplicará "a requisitos tales como normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural o normas de construcción".
Tampoco "a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan concretamente a la actividad del servicio, pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada".
Dejar fuera a la sanidad, pública o privada
En este sentido, quieren que la ley especifique con mayor claridad que no afectará a los servicios sanitarios, incluidos los servicios farmacéuticos, "realizados o no en establecimientos sanitarios" e "independientemente de su carácter público o privado, prestados por los profesionales de la salud a sus pacientes, con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud, cuando estas actividades están reservadas a profesiones sanitarias reguladas".
De la misma manera, estas cuatro formaciones coinciden en la necesidad de que el proyecto de ley concrete aún más lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determina como ''razón imperiosa de interés general''. Cada formación propone ampliar la lista de ejemplos que ya se incluye en el proyecto del Gobierno, en aras de no dejar resquicios para la confusión.
En sus enmiendas, los nacionalistas gallegos también limitan la aplicación de la norma a asuntos muy concretos como las medidas para fomentar la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo en los medios de comunicación, la normativa en materia de Derecho Penal o Laboral.